A diario se informaba de la calidad del aire y si era mala, sus efectos negativos en la salud. Se hablaba a diario de los IMECAS, de la inversión térmica, pero una vez establecida la medida obligatoria por decreto, esa información pasó al olvido. Hoy no se sabe qué aire respiramos ni mucho menos en qué impacta el hacer las periódicas y costosas ‘revisiones’.
Curiosamente en Veracruz no existe una disposición legal para que la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado informe con periodicidad la calidad del aire que respiramos, vaya, ni siquiera este tema forma parte de los informes de gobierno, siendo un factor prioritario para la salud y la economía.
Pero qué es lo que sí ha pasado:
Se ha creado un gran negocio -verificentros- de los cuales no se informa más que de su ubicación, las cuotas y los calendarios para el cumplimiento de la obligación. No se sabe a qué normatividad están sujetos, quién los supervisa y cuáles son los resultados de ese ejercicio, ni mucho menos si están o no actualizados con sus equipos tecnológicos.
Los usuarios saben muy bien cuántos y cuáles de los verificentros son pantallas recaudadoras en los que se negocian los engomados sin que se realice la verificación por tener ‘sus equipos descompuestos’.
La verificación vehicular obligatoria no ha sido más que un impuesto simulado más, como muchos otros que existen y que causan una sangría en la economía popular, que se magnifica en épocas de inflación como la que vivimos.
Claro que esto no lo podrá negar la autoridad porque no lo sabe, porque no supervisa los verificentros. No hay una disposición oficial ni un calendario de revisión del funcionamiento de los equipos ni de qué bien capacitados están los verificadores.
La autoridad no podrá negar lo aquí escrito porque es cierto, pero ellos no lo saben porque no hay una obligatoriedad legal para que lo sepan, mientras los usuarios paguen e ingrese dinero en las arcas del Estado, lo demás, la calidad del aire y la preocupación porque los veracruzanos gocen de un buen estado de salud como lo establece la Constitución, eso pasa a segundo o último término.
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