El Plan “B” del Presidente ha sido aprobado por la mayoría Morenista y sus liados en el Congreso, y aún con todo el “maquillaje” que Monreal y Patán Augusto simularon hacerle para su aprobación en el Senado, irremediablemente terminará en la SCJN pues aspectos tan importantes como la “Vida eterna” a los partidos pequeños, entre otras nuevas disposiciones inconstitucionales, prevaleció en el texto aprobado.

Son muchas las inconsistencias en el nuevo texto de la Ley que son claramente inaceptables, como lo es la desaparición de los Consejos Distritales Electorales y la desaparición del Servicio de Carrera Electoral, pero no todos son tan flagrantemente contrarios al espíritu de la Constitución como el de poder transferir votos a un partido minoritario para que alcance el 3% que requiere para mantener su registro, lo anterior porque una de las características del voto consignado en la Carta magna es el de ser libre, secreto, e ¡¡intransferible!!.

Es por ello que no deberá caber duda entre los Ministros de la Corte de que deben echarlo abajo, así como deberán revisar otros aspectos más subjetivos de las reformas, como el hecho de que desmantelar al INE, quitándole áreas sustantivas necesarias para su buen funcionamiento y eliminar la posibilidad de sancionar a los Servidores Públicos cuando intervienen a favor de un determinado candidato o partido, ocasionan inequidad en la contienda, que es otro principio fundamental de la democracia consignado en el texto constitucional.

De lo anterior se deprende que, si los Ministros votan en conciencia, con oportunidad y basados en principios fundamentales de derecho, tendrán que echar abajo el famoso Plan “B” porque todo aquello que provoca la incertidumbre jurídica, la inequidad y el muy probable abuso del régimen para imponer a sus candidatos como autoridades electas, está consignado en la Constitución, desde el art. 1, que trata sobre los Derechos Humanos, y particularmente en el 41 que describe cómo debe ser el Proceso Electoral y el 134 relativo a la obligatoria imparcialidad de los Servidores Públicos y estos no pudieron ser tocados por el régimen para ser cambiados a su antojo y conveniencia.

En este escenario, para salirse con la suya, el presidente tendría que implementar un Plan ”C” que consistiría en apretar económicamente al INE para que no pueda realizar el proceso electoral, luego juzgándolo como incapaz por ello y/o “soltarle la correa” a sus “solovinos” aliados del chairísmo militante de MORENA y del crimen organizado para reventar la elección por la vía de la violencia y arrebatar así el triunfo a la oposición, tal como según dicen, se las ha hecho a ellos en el pasado; empezando por violentar el proceso desde las campañas y finalmente durante la jornada electoral para inhibir el voto de la gente de bien, que somos sus naturales adversarios, por nuestra vocación democrática, y que no estamos dispuestos a arriesgar nuestra seguridad con tal de emitir un voto libre, secreto y razonado; al respecto, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva se inscribe en ese perverso Plan “C” instrumentado desde ahora por el régimen.

En conclusión, el Plan “C” constituye lo que sería un descarado arrebato y flagrante robo de la elección en un “fuera máscaras” que terminará por mostrar el verdadero rostro antidemocrático, ilegal, autoritario, violento, vengativo y perverso de AMLO y su 4T; todo esto si antes de la elección no disuelve la SCJN por echarle abajo su Plan “B” y junto con sus incondicionales en el Congreso y el Ejército declara el “Estado de Emergencia” que lo mantendría en el poder inaugurando de plano la dictadura comunista que tanto añora, de ahí sus constantes referencias al Stalinismo y a la Unión Soviética; de quienes parece no haberse dado cuenta que están muertos y enterrados desde hace ya muchos años.