La propuesta de las comisiones está plagada de errores, omisiones y contradicciones, pero pasará seguramente la aduana del pleno gracias a la mayoría simple que Morena y sus aliados tienen en la Cámara Alta.
Dice, por ejemplo, que es obligatoria para todos los ciudadanos, o sea todas las personas mayores de 18 años, pero es extensiva para los menores de edad. La obligatoriedad es totalmente aparente, porque el Artículo 70 ordena que “los ciudadanos deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su CURP con foto” y sin embargo “nadie podrá ser sancionado por no portar su CURP con foto”, aclara el artículo 78.
Según la propuesta, la nueva CURP tendrá una vigencia de 15 años y deberá renovarse 30 días antes de que concluya. Aquí la pregunta que surge es qué va a pasar con los menores de edad. ¿Tendrán su credencial con una fotografía tomada a los dos años hasta que cumplan los 17? Y otra: ¿van a poner su firma en la credencial cuando tengan unos meses de nacidos?
Además, un problema latente es que el Gobierno federal no tomó en cuenta destinar recursos suficientes para elaborar los más de 130 millones de credenciales que se necesitarán, y existe la preocupación de que pretenda que este nuevo documento lo tengamos que pagar los ciudadanos, lo que representaría un jugoso negocio que terminará en manos de alguna empresa amiga designada directamente.
Pero la duda peor de todas es que el Gobierno tendría a la mano para manejarlos a discreción, los datos esenciales de cada uno de los ciudadanos, lo que implica un riesgo enorme para las libertades individuales de los mexicanos.
Y ahí viene…
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