Al publicar las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que Yucatán registró una tasa de apenas dos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, la más baja a nivel nacional.
Mérida, la capital yucateca, es reconocida como la ciudad más segura de México, distinción basada en su muy baja tasa de incidencia delictiva.
No es, pues, una “ocurrencia” de la gobernadora electa, Rocío Nahle, cuando anticipa que en materia de seguridad pretende tomar como ejemplo las estrategias aplicadas en Yucatán.
Este fin de semana la gobernadora electa visitó Poza Rica que, junto con Tuxpan, se ha convertido en uno de los municipios más inseguros de la entidad. Rocío Nahle no evadió el tema y dijo que está analizando aún quien asumiría, en su gabinete, la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Para hacer ese nombramiento, lo mismo que para definición la estrategia materia de seguridad, informó que se está coordinando con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch.
Prometió -como lo hacen todos antes de llegar al gobierno estatal- que mejorará las condiciones labores de los policías veracruzanos y que habrá mayor presupuesto para el sistema judicial.
Para esto último lo único que tiene que hacer es respetar lo que establece la Constitución local (porcentajes fijos para el Poder Judicial y la Fiscalía) y eliminar esa aberrante cláusula, promovida por quien será también su secretario de Finanzas (José Luis Lima Franco) de dar una “interpretación” abusiva al término “presupuesto general del estado”.
Sobre ese mismo tema, en días previos Rocío Nahle García, adelantó que pretende fusionar a las corporaciones de Policía y Tránsito del Estado.
Para ello se volvió a referir al modelo policial del estado de Yucatán, donde Tránsito y la Policía son una sola fuerza.
La noticia, sin embargo, parece haber detonado una luz de alarma entre los elementos de Tránsito y lo que en Seguridad Pública se conoce como “policía vial”, pues en las semanas recientes se han multiplicado las quejas por los abusos (que llegan a convertirse en verdaderos asaltos) de los elementos de esas corporaciones.
Ya lo hacían antes, pero en esta etapa pareciera que están juntando su “haber de retiro”.
Para mejorar en materia de seguridad no basta con calcar una estructura y un reglamento; se requiere atacar un tema que es fundamental: la corrupción, fenómeno que en nuestras corporaciones policiacas ha facilitado la infiltración de organizaciones de la delincuencia organizada.
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Epílogo.
El tema está creciendo y tiene impacto internacional. *** En Colombia, al hacer referencia a las seis jóvenes que fueron secuestradas -y después liberadas- en Boca del Río, asumen que en el caso hubo colusión de las autoridades estatales. *** El obligado punto de referencia es la participación de una mujer identificada como Yésica Anahí Ramírez Marín y quien durante algún tiempo (“breve”, según el gobernador) colaboró en el Centro Integral de Justicia para las Mujeres (Cejum) que encabeza la maestra Irma Hernández Sangabriel, personaje muy cercano al exsecretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos. *** El general William Castaño, comandante de la Policía del valle de Aburrá, en Colombia, explicó que desde aquel país se aportó información tanto al Instituto Nacional de Migración de México (INM), como a la Policía Ministerial Federal, para dar con el paradero de Yésica Anahí, a la que allá conocían con el alias de “Lili Daniela”. *** Las jóvenes, colombianas llegaron a México por una promesa de contratos de modelaje. En unos cuantos días, tras hacer contacto con Lili, recibieron sus boletos y recursos para viajar. *** Sin embargo, una vez que llegaron a Veracruz les decomisaron sus pasaportes y fueron privadas de la libertad hasta que sus familias pagaran fuertes sumas de dinero. *** En Colombia se menciona que “Lili” tendría de contacto en aquel país a Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, detenido en Medellín hace dos meses y quien lideraba una red internacional de trata de personas. *** Aunque Cristóbal Paulino Fernández está en la cárcel, se tiene la hipótesis de que algunos de sus subalternos habrían continuado con los negocios. *** Las investigaciones van a seguir su curso y no deberíamos sorprendernos si nos amanecemos con la detención de altos funcionarios del gobierno estatal.
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