Para los políticos de “la cuatro te” resulta incómodo hablar de Javier Duarte. Saben que entre la sociedad -especialmente en Veracruz- se le percibe como “la personificación de la corrupción en tiempos del neoliberalismo” y se niegan a admitir -al menos en público- que les ha resultado útil.
Cuestionada este miércoles sobre las gestiones que realiza el exgobernador de Veracruz para obtener de manera anticipada su libertad, la presidente Claudia Sheinbaum trató de “pasar por encima” del tema y se concretó a declarar: “lo que me informan es que está por cumplir su condena, que fue hace tiempo, más allá de la sanción moral y ética que tenga la sociedad”.
La que nada ha opinado al respecto ha sido Rocío Nahle, para quien -seguramente- “no es tema”.
El martes la jueza federal de ejecución de sanciones – jueza “del bienestar”, esto es, elegida en las urnas- Ángela Zamorano Herrera, decidió aplazar su decisión sobre la solicitud de libertad anticipada que presentó Javier Duarte Ochoa.
La defensa de Javier Duarte presentó como testigos a funcionarios del Reclusorio Norte y del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal, con el objetivo de que su cliente recuperara la libertad.
Sin embargo, la jueza dispuso que la audiencia continúe hasta el miércoles 19 de noviembre, debido a que tres de los seis testigos que ofreció la Fiscalía General de la República (FGR) -para respaldar su convicción de que Javier Duarte no debe obtener el beneficio de la libertad condicionada- están comisionados y regresarán a sus actividades el viernes 14 de noviembre.
En la parte de la audiencia que sí se desarrolló, Pablo Campuzano, abogado del exgobernador, interrogó durante casi 10 horas a los testigos que presentó para respaldar la solicitud.
Leticia Garnica González y Francisco Morales Salud, directora jurídica y director de apoyo técnico del Reclusorio Norte, comparecieron tres horas cada uno sólo para certificar los reportes que hay sobre Javier Duarte, particularmente sobre su buena conducta y que cumplió con el plan de actividades de reinserción social.
Sin embargo, ambas intervenciones se prolongaron por el contrainterrogatorio que realizó el fiscal Manuel Granados Quiroz.
El tercer testigo presentado fue Diego Quiroz Rodríguez, director de control jurídico del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social del gobierno federal, a quien se le preguntó sobre los delitos por los que fue sentenciado Javier Duarte.
Contestó que fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Al comparecer Osvaldo González Rojas, quien fue encargado de la Subdirección de Seguridad, el interrogatorio se volvió a prolongar. Este testigo, quien hoy está adscrito al penal de Santa Martha Acatitla, señaló que firmó dos oficios en octubre de 2024 y octubre de 2025, donde dejó constancia de que Javier Duarte no había enfrentado una sanción “en los últimos meses”.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, el fiscal Manuel Granados le preguntó si sabía que a Javier Duarte le encontraron cuatro “latas de alcohol” en 2019.
El testigo insistió en que Javier Duarte no incurrió en faltas durante el año y tres meses que él estuvo a cargo de la seguridad en ese reclusorio.
Ahí mismo el fiscal aseguró que a Duarte de Ochoa también le encontraron una pluma con cámara para grabar, un equipo para acceder a banda ancha de internet y un teléfono celular, lo cual está prohibido para los reos.
Osvaldo González se mantuvo en su dicho de que durante el tiempo que él estuvo ahí, Javier Duarte presentó buena conducta.
El último testigo fue el subdirector de custodia y seguridad, Daniel de Nazaret Espinosa, quien mencionó que en 2019 y 2020 Javier Duarte tuvo dos faltas porque le encontraron cuatro latas con alcohol, un blue-ray modificado como módem de banda ancha, además de un bolígrafo con una cámara.
Por esta razón, abundó, se le sancionó con 15 días sin visitas. Agregó que en 2021 ocurrió algo en el área médica del reclusorio, pero no hubo sanción.
En el peor de los escenarios, si la jueza decide negarle el beneficio de la libertad anticipada, con seguridad los abogados de Javier Duarte impugnarán la sentencia, pero incluso si todas las determinaciones fueran en contra del exgobernador de Veracruz, en abril del próximo año estaría saliendo de prisión, luego de cumplir la totalidad de su sentencia.
Para quienes sugieren que una vez afuera Javier Duarte pudiera ser detenido nuevamente, cabe aclarar que él fue procesado con apego al acuerdo de extradición entre México y Guatemala, que sólo podía ser juzgado por los delitos que presentó el gobierno de México a su vecino de Centroamérica.
Una vez en prisión, a solicitud de la Fiscalía de Veracruz el Ministerio de Justicia de Guatemala accedió a que se le abriera un proceso adicional, por el delito de desaparición forzada, pero en septiembre del 2024 ese proceso fue cancelado ante la falta de pruebas en su contra.
Ningún otro delito que haya cometido Javier Duarte antes de su extradición podrá ser reactivado en su contra, por lo que gozará de libertad absoluta y quizá sólo quede pendiente -como lo afirmó Claudia Sheinbaum- el juicio de la sociedad.
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Epílogo.
Él, mejor que nadie, sabe lo que es interactuar con factores regionales de poder y entiende que la delincuencia organizada es capaz de imponerse a las autoridades locales. Es necesario, pues, que sean el Estado y la Federación los que tiendan la mano a los próximos alcaldes para evitar que sean sometidos. *** El pasado martes, en el World Trade Center de Boca del Río, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista, advirtió a los alcaldes electos sobre el riesgo de “perder el control” de sus gobiernos ante la injerencia del crimen organizado. *** “No se pierdan. Me ha tocado ver gobiernos donde los alcaldes dicen ‘aquí soy yo el que manda’ y cuando se dan cuenta su municipio es controlado por el crimen organizado”, afirmó. *** Es, pues, importante que el gobierno estatal camine de la mano de las autoridades municipales -sin importar su color- para evitar que “los malos” se apoderen de cada territorio.
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