¡Ay la congruencia, qué fácil se pronuncia, pero qué difícil es conseguirla!
La mañana de este miércoles, a pregunta de la periodista Yusbel Carolina, de “Código Libre”, la presidente Claudia Sheinbaum se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala al Estado mexicano como responsable de los actos de tortura y la muerte de la indígena veracruzana Ernestina Ascencio, ocurridos en febrero del 2007.
— Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir (...) Es el periodo de (Felipe) Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación. Y lo que están recomendado ahí, lo vamos a cumplir tal cual se está planteando (...) Hay varias recomendaciones que vienen ahí y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando”.
Fue evidente que, en su afán por exhibir una actitud criminal ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón (soldados movilizados a la sierra de Zongolica, en tareas de combate al narcotráfico asaltaron y violaron a la indígena de la tercera edad Ernestina Ascencio, ataque que provocó su muerte), Claudia Sheinbaum pasó por alto un detalle de vital importancia: La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene al menos otra sentencia contra el Estado mexicano y esa no ha sido aceptada con la prontitud con la que se atendió la del caso de la anciana indígena.
A finales de 2022, la Corte Interamericana condenó a México por infracciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en la aplicación de la figura del arraigo y de la prisión preventiva.
Respecto del arraigo, es claro que su finalidad es desarrollar la investigación en contra del arraigado para luego formular una imputación en su contra. Esto, sin embargo, invierte el devenir apropiado de cualquier investigación: mientras lo razonable es que primero se investigue y luego se restrinjan los derechos del investigado en virtud de evidencias encontradas durante tal investigación. Esto implica una clara violación de derechos fundamentales del sujeto afectado, en especial su libertad personal y presunción de inocencia.
En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, su actual regulación no cumple con una función meramente cautelar, no plantea un requisito de indicios mínimos de existencia del delito y responsabilidad del imputado, no atiende a los principios de necesidad y proporcionalidad, ni responde a la mínima exigencia de fundamentación de la imposición de una medida que restringe derechos fundamentales. La Corte estableció que no es compatible con la Convención Americana.
No debemos pasar por alto que nuestra Carta Magna establece en el primer párrafo de su artículo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
Esto es: que coloca a los tratados internacionales en el mismo nivel que la Constitución.
En junio del presente año la ministra de la ministra Margarita Ríos Farjat elaboró un proyecto de resolución para ser sometido ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecía que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en automático es inconvencional y planteaba reinterpretar la figura para que los juzgadores analizaran caso por caso y determinaran si los imputados debían seguir sus procesos penales en la cárcel o no.
Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum externó su rechazo a ese proyecto que, como es evidente, iba en concordancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otros contra México y Tzompaxtle Tecpile y otros contra México.
“Frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces, que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como el homicidio o delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa (…) Esto tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”, dijo la presidente.
¿Entonces?
¿Se acatan, o no, las sentencias de la Corte Interamericana?
¿O sólo se acatan cuando le convienen al gobierno?
Bien decía el abogado colombiano Luis Gabriel Carrillo Navas:
“La verdadera integridad no se basa en la atención o el reconocimiento público, sino en la coherencia y congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones”.
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Epílogo.
El desdén del secretario de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno estatal, Leonardo Cornejo, ya le está generando reacciones negativas contra su jefa, la gobernadora Rocío Nahle. *** Este miércoles se publicó en la columna “Frentes Políticos” del periódico Excélsior: “Inhumanidad. El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, guarda silencio tras la trágica muerte del motociclista Luis Almanza, quien cayó en una zanja sin señalización en la carretera Xalapa-Coatepec, producto de una obra inconclusa. A casi tres semanas del accidente, ni la SIOP ni la empresa responsable han dado la cara ante su viuda, Karen Cano, quien está por dar a luz a su segundo hijo. La versión oficial, que alega que sí había señalamientos, ha sido desmentida por testigos. El abandono institucional no sólo indigna, revictimiza.... y engaña. Ésta fue una muerte causada por la omisión criminal del gobierno estatal”. *** Esta misma semana se pronunció sobre este caso el diputado local por Coatepec, el petista (y “aliado” de la gobernadora) Ramón Díaz Ávila, quien afirmó que se debe fincar responsabilidad a la empresa contratista y a la SIOP. *** “En el video se observa que la obra no tenía señalamientos adecuados; el joven transitaba en su motocicleta, el pavimento estaba rayado, perdió el control y perdió la vida (..) Obviamente hay una responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas y, en consecuencia, del Gobierno del Estado”, subrayó. *** Lo bueno es que Rocío Nahle ha insistido en que ella encabeza un “gobierno humanista”. Ya se verá.
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