Prefacio.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un violento golpe de timón: declaró como válida la elección en Jáltipan, con lo que se confirma el triunfo de Gildardo Maldonado, de Movimiento Ciudadano (MC). *** Además, en la misma sesión los magistrados de la Sala Superior determinaron la anulación de la elección en Tamiahua, en donde se había declarado vencedora a Citlalli Medellín Careaga, candidata del Partido Verde (PVEM). *** En el primer caso, la candidata a la alcaldía por la alianza Morena-Verde, Mildred Marlene May de la Cruz, había impugnado el resultado de la elección, argumentando que durante la campaña fue víctima de violencia política en razón de género. *** Tanto el Tribunal Electoral de Veracruz, como la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidieron en que, en efecto, la candidata había sufrido violencia política en razón de género y, por lo tanto, se materializaban los elementos para anular la elección. *** Sin embargo, la Sala Superior hizo prevalecer otra postura. Consideraron que no se acreditó la violencia contra la aspirante y, por lo tanto, debía ser confirmado el triunfo del candidato de MC. *** En el caso de Tamiahua, mientras tanto, la Sala Superior confirmó que la candidata ganadora, Citlalli Medellín, rebasó en 63.73 por ciento el tope de gastos de campaña, monto que -determinaron- “por sí solo resulta suficientemente significativo y trascendente para evidenciar el dolo y la gravedad de la conducta para efectos de incidir de manera determinante, cuantitativa y cualitativamente en el resultado de la elección”. *** En esa misma sesión los magistrados dieron como válida la elección en Teocelo, con lo que se confirmó el triunfo de Daniela Villegas Olmos (PT), a la vez que se confirmó a Wenceslao Santiago Castro (PVEM) como alcalde electo de Tecolutla.

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Quienes defienden a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirman que “no le dio tiempo” de hacer los ajustes en la estructura que le heredó Verónica Hernández y, en consecuencia, no pudo anticipar que la Fiscal Regional en Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosillo, la fuera a meter en un lío tan grave a unos cuantos días de su llegada.

Otros, que saben mucho de esto, advierten que, por sentido común, la nueva titular de la FGE debió colocar de inmediato a alguien de toda su confianza en el Distrito Judicial que más interesa a su jefa, la gobernadora Rocío Nahle.

En lo que todos coinciden es en que la principal responsable del “affaire terrorista” es Karla Díaz Hermosillo, una dama con trayectoria en la procuración de justicia, pero que repuntó justo con la llegada de Verónica Hernández.

Incluso antes de que la presidente Claudia Sheinbaum afirmara que en México “nunca se ha presentado una denuncia por terrorismo”, en este mismo espacio se hizo referencia al caso de Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, quienes, en 2011, durante la gestión de Javier Duarte, fueron detenidos y acusados de terrorismo, esto es, de la comisión de un delito contemplado en el artículo 311 del Código Penal de Veracruz.

En ese entonces, luego de permanecer un mes en prisión, ambos personajes fueron dejados en libertad, pues la Procuraduría de Justicia retiró los cargos.

Pero no ha sido ese el único caso. En fechas más recientes, ya con Verónica Hernández como titular de la FGE, 11 personas -entre pobladores de Texistepec y sus asesores- quienes tienen una añeja disputa por la explotación de una mina ubicada en aquel municipio, fueron detenidos y se les imputó el delito de terrorismo. La mayoría de ellos obtuvo su libertad, pero los procesos no han concluido y el riesgo de que sean sentenciados por ese delito, que contempla hasta 30 años de prisión, sigue latente.

Este martes, en la audiencia de vinculación, en Coatzacoalcos, la Fiscalía retiró de la carpeta en contra del periodista Rafael León Segovia, la imputación por “terrorismo” y dejó sólo las de “encubrimiento por favorecimiento” (se refiere a ayudar a un delincuente a eludir la justicia, ocultar pruebas o sustraerse de la autoridad tras la comisión de un delito, sin haber participado en él) y delito contra las instituciones de seguridad pública (se refiere a conductas que obstaculizan, atacan o afectan el buen funcionamiento de las autoridades (policía, fiscalía, etc.), como puede ser amenazar o agredir a un elemento, dar información falsa, o actos de corrupción).

Ninguno de estos dos delitos amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el juez lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar “arraigo domiciliario” por un año. Esto es, que no podrá apartarse de su domicilio durante ese lapso.

No hubo explicación alguna y, por supuesto, tampoco hubo disculpas. La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre -lo mismo que la gobernadora- espera que con esta decisión se le dé vuelta a la página y se olvide el agravio.

No va a ser así.

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Epílogo.

Siguen los problemas del gobierno estatal con el Sector Salud. *** Se acabó el año y siguen sin recibir su bono y a eso se suma que los empleados contratados mediante el Convenio Sa-Nas (la forma sencilla de decir: Convenios Específicos en materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos Presupuestarios Federales para realizar acciones en materia de Salud Pública en las Entidades Federativas) están reclamando el pago de retroactivos que ya aparecen como aplicados, pero que no han llegado a ellos. *** Se trata de trabajadores que iniciaron labores en septiembre, pero recibieron su primer pago en noviembre, aunque sólo de la quincena que corría. Faltaba que les pagaran lo de al menos dos meses y es la fecha en que aún no les llega. *** Algo muy grave está pasando en la Secretaría de Salud y de eso nada ha dicho la gobernadora.

filivargas@gmail.com