El discurso oficial subraya la limpieza del canal, la utilización de nuevos materiales —como ese “concreto líquido” que promete sellar y sedimentar adecuadamente— y la intervención directa en colonias como Gaviotas, donde hubo que abrir calles para sustituir drenajes rotos. Son acciones necesarias, sin duda. El problema es que la narrativa del avance no puede desligarse de la pregunta esencial: ¿cómo se llegó a ese nivel de deterioro?
Aquí es donde la crítica debe ser firme pero responsable. La gobernadora apunta a décadas sin mantenimiento. Si eso es cierto —y todo indica que lo es— entonces estamos ante la consecuencia de omisiones acumuladas por distintas administraciones municipales y estatales. El desastre no fue sólo natural; fue también institucional.
En ese contexto, el reconocimiento público a la alcaldesa Adanely Rodríguez abre otra arista de análisis. Nahle afirma que “ha estado trabajando muy fuerte” y que “lo ha hecho bastante bien”. El espaldarazo no es menor. En tiempos donde los liderazgos municipales suelen ser el primer blanco de críticas tras una tragedia, la mandataria opta por respaldar.
Pero el respaldo político no debe sustituir la rendición de cuentas. Embellecer y ayudar es importante; resolver estructuralmente es imprescindible. Si el mayor desafío sigue siendo el drenaje, como reconoce la propia gobernadora, entonces el 70 por ciento anunciado debe leerse con cautela. Porque mientras el sistema hidráulico no quede plenamente rehabilitado y blindado ante futuras lluvias extremas, el riesgo sanitario y urbano persistirá.
Poza Rica no puede conformarse con avances porcentuales; necesita certezas técnicas y transparencia presupuestal. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué empresas ejecutan? ¿Qué plazos reales existen? ¿Habrá auditorías independientes que verifiquen la calidad de los trabajos? El anuncio de materiales innovadores y soluciones definitivas debe acompañarse de información pública detallada.
Hay también un elemento político de fondo. La reconstrucción de una ciudad siempre se convierte en un termómetro de liderazgo. Para la gobernadora, el caso Poza Rica es prueba de capacidad de respuesta; para la alcaldesa, es la oportunidad de consolidar imagen y gestión. Pero para la ciudadanía, es simplemente una cuestión de sobrevivencia urbana.
Las inundaciones de 2025 dejaron al descubierto algo más profundo que calles anegadas: exhibieron la fragilidad de la planeación territorial y la ausencia histórica de mantenimiento preventivo. Si algo debe quedar como lección es que la obra pública no puede depender del desastre para ejecutarse.
El 70 por ciento es una cifra que comunica avance. El 30 por ciento pendiente representa el verdadero desafío. En ese tramo final se juega no sólo la eficacia administrativa, sino la credibilidad política.
Porque en Poza Rica no basta con limpiar el canal; hay que cambiar la cultura institucional que permitió que se llenara durante décadas.
Al tiempo.
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