El problema ya no es hipotético. La crisis hídrica que hoy amenaza a la zona conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín–Alvarado es un ejemplo contundente. Durante décadas, el abastecimiento de agua dependió en gran medida de los deshielos provenientes del Pico de Orizaba, particularmente del glaciar Jamapa. Sin embargo, la desaparición progresiva de ese glaciar por efectos del cambio climático ha modificado de manera irreversible el equilibrio hídrico de la región.
A ello se suma un factor humano: el modelo de operación del servicio concesionado a Grupo MAS, cuyo desempeño ha sido ampliamente cuestionado por usuarios y especialistas. Durante años, el énfasis pareció centrarse en la rentabilidad del servicio, mientras la inversión en mantenimiento, modernización y expansión del sistema quedaba rezagada. El resultado es un sistema frágil frente a un escenario ambiental cada vez más adverso.
En ese contexto, la decisión de la gobernadora de colocar el tema del agua en el discurso político y en la agenda pública representa un giro significativo. La reciente inauguración de la rehabilitación de una planta potabilizadora en Juan Rodríguez Clara, realizada a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, puede parecer una obra menor: una inversión de apenas 415 mil pesos para beneficiar a poco más de 15 mil habitantes. Pero el mensaje político es mayor que la cifra.
El gobierno estatal ha planteado una meta ambiciosa: recuperar la infraestructura hidráulica abandonada en los municipios. Bajo la dirección del titular de la CAEV, Luis Fernando Cervantes Cruz, se ha anunciado la rehabilitación de plantas potabilizadoras en distintas regiones del estado, con la idea de garantizar el derecho al agua como un servicio público esencial.
El desafío, sin embargo, apenas comienza. Si el diagnóstico es correcto —y todo indica que lo es— Veracruz necesita algo más que rehabilitaciones puntuales. Necesita un plan hídrico integral que contemple nuevas fuentes de abastecimiento, modernización de redes, regulación eficiente de concesiones y una política de adaptación al cambio climático.
Porque en el fondo, el verdadero debate no es técnico sino político: decidir si el agua seguirá siendo un problema que se administra o una prioridad estratégica para el futuro del estado. Y en ese terreno, la responsabilidad final recae inevitablemente en quien gobierna. En este caso, en Rocío Nahle.
Al tiempo.
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