¿De qué sirve celebrar los primeros 100 días de gobierno si, mientras se reparten cifras optimistas, la realidad cotidiana empieza a cerrar sus puertas? En el municipio de Veracruz, la narrativa oficial habla de avances, estabilidad y dinamismo económico. Pero en la calle —que es donde se mide el pulso real de una administración— los hechos cuentan otra historia: la de cortinas que bajan, empleos que se pierden y confianza que se evapora.

No se trata de un caso aislado ni de un ajuste menor del mercado. El cierre de Chedraui en Plaza Nuevo Veracruz, junto con la salida de LOB, Chuck E. Cheese’s y GamePlanet en Plaza Américas, además del reciente cierre de Arby’s en la avenida Ruiz Cortines —un establecimiento que apenas había abierto en 2023—, dibuja un patrón que no puede ignorarse ni minimizarse. Cuando varias marcas, de distintos giros y con inversiones recientes, coinciden en retirarse, el problema deja de ser empresarial para convertirse en estructural.

La economía no funciona con boletines, sino con condiciones. Y esas condiciones —seguridad, certeza jurídica, flujo económico, poder adquisitivo— parecen estar fallando. El discurso institucional puede insistir en que hay inversión y crecimiento, pero los inversionistas no operan con discursos: operan con números, con expectativas y con señales claras de estabilidad. Si esas señales no existen, simplemente se van.

Históricamente, Veracruz ha sido un puerto de entrada, un nodo comercial estratégico y un motor económico regional. Sin embargo, también ha cargado con lastres recurrentes: inseguridad, burocracia ineficiente y una preocupante desconexión entre autoridad y sector productivo. Lo que hoy estamos viendo no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia acumulada de decisiones —o indecisiones— que han debilitado el ecosistema económico local.

El cierre de establecimientos comerciales no solo implica la pérdida de marcas visibles; significa empleos directos e indirectos que desaparecen, cadenas de suministro que se rompen y familias que ven reducidas sus oportunidades. Es un golpe silencioso pero constante al tejido social. Y lo más grave es que, mientras esto ocurre, la narrativa oficial insiste en una versión optimista que no dialoga con la realidad.

Aquí es donde la crítica se vuelve indispensable. No para destruir, sino para corregir. Porque gobernar no es administrar percepciones, sino resolver problemas. Si hay cierres, hay causas. Y esas causas deben investigarse con seriedad: ¿ha disminuido el consumo? ¿existen problemas de seguridad en las zonas comerciales? ¿hay cargas fiscales o regulatorias que desalientan la permanencia de negocios? ¿se ha debilitado el atractivo de estas plazas frente a nuevas dinámicas de consumo?

La responsabilidad de una administración municipal no se limita a inaugurar obras o difundir cifras; implica generar condiciones reales para que la economía local prospere. Eso exige diálogo permanente con empresarios, políticas públicas basadas en evidencia y, sobre todo, una disposición honesta para reconocer fallas. Negar la realidad no la corrige; la agrava.

También es momento de exigir corresponsabilidad. El sector empresarial debe transparentar las razones de sus decisiones y participar activamente en la construcción de soluciones. La ciudadanía, por su parte, debe asumir un papel crítico y exigir rendición de cuentas. Porque al final, la economía local no es un concepto abstracto: es el sustento de miles de familias.

El problema de fondo no es que cierren tiendas; es que se esté normalizando el cierre como si fuera parte inevitable del paisaje urbano. No lo es. Es una señal de alerta que exige atención inmediata, diagnóstico serio y acciones concretas.

Porque cuando la economía empieza a apagarse, no hay discurso que alcance para encenderla de nuevo.

Y en Veracruz, mientras el gobierno municipal presume cifras, la realidad —esa que no se maquilla— sigue bajando cortinas.