Y ahí el asunto deja de ser presupuestal para convertirse en institucional.
En política, tan grave puede ser despilfarrar recursos públicos como administrar el ahorro saltándose la legalidad.
Eso es precisamente lo que hoy discute el Ayuntamiento de Poza Rica. El regidor Charly Barrios Rosales no impugnó la reducción salarial aprobada por el Cabildo. De hecho, votó a favor. Lo que cuestiona es otra cosa: que el Cabildo autorizó una disminución de hasta el 30 por ciento y que, al momento de aplicarla administrativamente, el descuento habría alcanzado cerca del 50 por ciento.
La diferencia no es menor. Porque los acuerdos de Cabildo no son sugerencias ni recomendaciones. Son decisiones obligatorias que deben ejecutarse exactamente como fueron aprobadas.
Si existía la intención de modificar el porcentaje, el camino institucional era regresar al Cabildo y volver a votar. Así funciona un Estado de Derecho.
La austeridad puede ser una virtud política. La discrecionalidad nunca lo es.
Porque el verdadero debate no es cuánto se descontó, sino quién decidió descontarlo y bajo qué facultades legales.
Y ahí será donde tendrán la última palabra los tribunales. Porque ahorrar dinero público siempre será positivo. Gobernar fuera de los acuerdos institucionales, no necesariamente.
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