Cita un refrán popular “que el miedo no anda en burro”, cuando alguien se anticipa a un hecho a sabiendas su posible consecuencia o desenlace, eso mismo pasa con algunos personajes de la administración estatal, que parecen intentar blindarse ante las acciones que pudiera emprender la federación por su mal desempeño al frente de áreas cruciales de la vida financiera de Veracruz.
De esta manera, el Diario Reforma señaló este lunes que “el juez segundo de distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, suspendió momentáneamente cualquier orden privativa de libertad en agravio de los ex Secretarios de Finanzas Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González.”
Pero el asunto también fue promovido para beneficiar al ex Secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, así como de José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Según se sabe los cuatro funcionarios y ex funcionarios Duartistas habrían sido objeto de denuncias o mencionados en escándalos de desvíos de recursos, tras los hechos suscitados el 27 de enero de 2012, cuando la Procuraduría General de la Republica (PGR) aseguró 25 millones de pesos en efectivo a dos empleados del Gobierno de Veracruz, al aterrizar en el aeropuerto de Toluca.
Y es que cuando en la Presidencia de la República enfrentan una nueva crisis, tras el reportaje divulgado por el portal Aristegui Noticias, en donde se acusa al mandatario federal, Enrique Peña Nieto de plagiador en la elaboración de su tesis para la licenciatura, urge reactivar asuntos que permitan distraer la atención nacional centrada en Los Pinos, y que mejor, que voltear a Veracruz, y al saqueo abismal de fueron objeto sus arcas.
Según reveló el reportero Abel Barajas, el dinero decomisado en 2012 provenía directamente de una partida de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la cual se encontraba a cargo del aún Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González quien entonces se desempeñaba de titular de la dependencia.
Las investigaciones determinaron que la disposición de dinero líquido decomisado en Toluca, requería del visto bueno del subdirector de Operaciones Financieras, cargo que desempeñaba Díaz Valenzuela.
Ahora imagínense lo que van a aprender los alumnos de reciente ingreso a la Facultad de Economía si tienen como maestro a José Francisco Díaz Valenzuela, quien tiene dos amparos, fue amparado por el Juez Segundo de Distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, por lo que por el momento no puede ser privado de su libertad aunque es objeto de denuncias o mencionado en escándalos de desvíos de recursos relacionados con aquel famoso aseguramiento de 25 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto y la denuncia que hiciera el PAN con base en audios y videos, todo por proteger a su amigo – que no cómplice, no piense mal- Vicente Benítez.
El otro amparo es el de los amorosos Arturo Bocardo y Dolores Mayo que trabajan como Director de la Facultad de Economía y profesora de Asignatura respectivamente quienes buscan incluso respaldar la impunidad de este ex funcionario otorgándole una plaza de tiempo completo. ¿Será por agradecimiento al jugoso obsequio que Díaz le hizo a Bocardo?
Y es que dicen que les regalo nada más y nada menos que cien mil pesos en muebles para el mobiliario de su casa, ¡vaya afecto que se tienen!
En 2013, el PAN reveló unos audios y videos con los que acusó a Manzur, entonces Secretario de Finanzas, de condicionar la entrega de recursos de programas sociales al apoyo a los candidatos del PRI, cuestión que lo alejó de los reflectores, colocándose como titular del BANOBRAS en la entidad, sin que desde entonces asome la cabeza para nada, por temor de atraer mayor atención de la debida.
Por ello, es válida la pregunta ¿y por qué los amparos?
A caso no se han jactado de afirmar que se han desempeñado en estricto apego a la legalidad, no acaso, afirman que son más santos que la mismísima Teresa de Calcuta, ¿entonces por qué los amparos?
Bien dice también el refrán popular “El que nada debe, nada teme” o ¿aquí alguien miente, más como necedad que como patología?
Mientras eso ocurre, las horas de la administración estatal continúan su cuenta regresiva, y el inevitable encuentro con la justicia es inminente.
Sextante.
¿A que se dedicará el Secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, Fernando Aguilera de Hombre y su personal? Se lo preguntamos porque es evidente la serie de violaciones a la Ley Federal y Estatal del Trabajo por parte de la actual dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz (STSPEV), ese que aun encabeza Juana Consuelo Méndez Vázquez y es que en su cerrazón por no permitir que la renovación de la dirigencia se pueda dar en condiciones de equidad e igualdad, -quizá como premonición a que puede salir disparada cual tapón de sidra-, se niega abrir las puertas del sindicato a los verdaderos propietarios del inmueble, como los son los trabajadores sindicalizados.
Y es que una vez más la emprendió contra la planilla albiazul encabezada por Julieta Mendoza Sánchez, a quienes, junto a los demás integrantes de su equipo, les recibió un oficio en la vil banqueta, para ello, comisionó al responsable de la Comisión de Honor y Justicia, Alfonso Ruiz Pérez para atenderles, cual, si fueran desconocidos y no agremiados, les atendió en la vía pública.
Al tiempo.
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