Lo curioso de toda esta trama [merecedora de un premio de TV Novelas] es la forma de cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto en el afán de hacer creer que existe una absoluta “disposición” de encarcelar a Javier Duarte de Ochoa y a su no menos cuestionable esposa, Karime Macías Tubilla, cuando todos sabemos que no tiene la mínima voluntad para meter a la cárcel a su cómplice.
La verdad de todo este entramado, es que ni al propio presidente de la República le conviene en lo más mínimo, encarcelar a los defraudadores electorales. Es de todos conocidos que dicha estrategia política, es una “operación” que ha realizado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en años luz. Fue un esquema de corrupción utilizado cuando este era candidato a contender a la silla presidencial y por medio de este acto, se ha “convencido” a un sector necesitado [y sin dignidad] de la población para favorecer a los candidatos priístas. Las mapacherías políticas, son y serán parte del partido político que gobierne, pero en el caso de Veracruz, el tricolor había gobernado por castrantes y devastadores 87 años.
Para hacer un recordatorio de la denuncia panista en ese negro y poco decoroso año del 2013, donde se elegirían las 212 alcaldías y las 50 diputaciones locales; sucedió algo emblemático y que podría en el ojo del huracán al prófugo junto con su padre putativo, Fidel Herrera Beltrán. El fraude se vio expuesto, luego de que la inconforme militante y ex directora del Instituto Municipal de la Mujer en el gobierno de Salvador Manzur Díaz, Aurora Delgado Huerta –quien los traicionó y grabó audios y videos de las reuniones que mantenían para después entregarlas al PAN. 13 horas de grabaciones inéditas- de los “mapacherías electorales” en donde se podía ver la cara de Fidel Herrera Beltrán, Salvador Manzur Díaz, que en aquél entonces era secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) [este mismo que fue denunciado por Juana Cacio Cabrera por falsificar su identidad en su paso a la alcaldía de Boca del Río]; Pablo Anaya Rivera, ex titular de la Secretaría de Salud [quién también anda a salta de mata como su jefe]; Ranulfo Márquez alías “Cabeza de Lata” quién fungía como secretario de Desarrollo Social (SEDESOL) en el estado y que fue destituido del cargo por Rosario Robles; Anselmo Estandía Colom, quien fuera el alcalde sustituto de Manzur Díaz; en fin, una larga lista de involucrados en uno de los fraudes electorales más emblemáticos de la historia del priísmo en Veracruz.
Fue exactamente el 14 de mayo del 2013, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) a través de su aquel entonces presidente nacional, Gustavo Madero, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de Javier Duarte de Ochoa y 57 servidores públicos federales, estatales y municipales, así como a funcionarios del Instituto Federal Electoral encargados del Registro Federal de Electores de la entidad.
Los elementos probatorios que presentaron los panistas en dicha denuncia, fueron grabaciones de video y de audio, captados por la priísta inconforme, Aurora Delgado Huerta, quien posteriormente por presiones de su misma corriente partidista tuvo que hacer una rueda de prensa para argumentar que ella no había sido quien grabó dicho material. Obviamente esta mujer desapareció tanto de la vida política como del puerto, nadie la ha vuelto a ver por la conurbación Veracruz-Boca del Río. Se desconoce su paradero y también si se encuentra con vida.
En las grabaciones que dieron a conocer los panistas a los medios de comunicación, advertían sobre la estrategia del PRI-Gobierno y su forma de cómo venía “trabajando” desde seis meses atrás. Su estrategia de dividir [entre los 57 servidores públicos] el estado por zonas y la forma como cada uno “operaría” para “convencer” al electorado a través de los programas sociales federales y el seguro popular y con ello, conseguir sus credenciales de elector. Nada que no supiéramos pero que fueron expuestos al escarnio a nivel internacional.
Fue hasta el 21 de octubre del 2015, que los medios de comunicación daban fe que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejecutara la atracción del recurso de apelación registrado con el número de toca 225/2015 con motivo interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación en contra de la resolución dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz el 20 de agosto igual del 2015 con número de expediente 53/2015 en donde se negó a regalar la orden de aprehensión en contra de los servidores públicos que fueron denunciados en “Ladrones de Elecciones”, que fueron: Ranulfo Márquez Hernández, Salvador Manzur Díaz, Felipe Sosa Mora, César Augusto Perdomo Buen Rostro, Enrique Mariano Molina Ramírez, Graciela Tejeda Martínez, Pablo Anaya Rivera y Anselmo Estandía Colom.
Los detenidos únicamente tres, de los 57 denunciados. El hilo se revienta por lo más delgado e indudablemente estos supuestamente aprehendidos -puestos en libertad actualmente porque sus delitos no son considerados graves y alcanzaron fianza- es lo que se conoce “tropa” en argot político y aun así, pese a que fueron expuestos al escarnio público, fueron puestos en libertad tras depositar una cuantiosa fianza, y han salido del penal federal de Villa Aldama, a donde habían sido llevados al anochecer del sábado tras ser detenidos en Boca del Río por agentes federales y ya se encuentran en sus respectivos domicilios burlándose de los veracruzanos.
Circo tras circo. Pero al final, quienes sufren las consecuencias de la corrupción política –de todas las corrientes partidistas- son los ciudadanos, quienes como la fábula de los ratones y los gatos, insisten en ser gobernados por gatos.
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