El secretario Nuño tuiteó que “En los últimos años no hemos visto mejoras significativas en #PISAMéxico, pero hoy tenemos una agenda clara para transformar la educación”. Se le olvidó especificar que la falta de mejoras ha sido en los últimos 15 años.
Y lo de tener una agenda clara tiene muchos asegunes. Lo único que parece estar claro es la agenda política. Los cambios que anunció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para la evaluación docente en 2017 son la respuesta no sólo a las ácidas críticas de prominentes investigadores de la educación, al rechazo constante del magisterio y la movilización prácticamente permanente en que ha estado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hasta llegar a los hechos sangrientos de Nochixtlán, sino al efecto político que la protesta magisterial tendrá en los procesos electorales de 2017 y 2018. De pronto, la calidad educativa y el bienestar de los niños que tanto se llevó y trajo en los medios para buscar la aprobación social de la evaluación educativa como forma de presión hacia el gremio magisterial pueden pasar a segundo plano.
Se decidió hacer más flexible la evaluación, eliminar su carácter punitivo y aunque sigue siendo obligatoria, los maestros decidirán en el término de cuatro años, cuándo desean ser evaluados. No se castigará a quienes no se presenten a evaluación pero no gozarán de los estímulos que supone un desempeño destacado. Todo esto sin decir cómo se hará seguimiento a los resultados de los maestros con calificación sobresaliente o insuficiente para saber si la evaluación tuvo alguna consecuencia positiva.
¿Cómo puede pensarse que realmente hay un rumbo claro para mejorar la educación cuando el modelo educativo se presentó casi inmediatamente después de los dos meses de consultas públicas? Del que varios especialistas han señalado que se trata de un documento que se hizo al más viejo –y pésimo– estilo burocrático del bomberazo para acallar las críticas.
Se desoyen en cambio las recomendaciones de organismos internacionales que analizan tendencias y comparan indicadores. Es lastimoso que la inversión en educación y cultura no se incremente como se requiere y que dicha inversión se aplique inteligentemente tanto en infraestructura como en recursos humanos. No se ve que el gobierno tome la decisión de terminar de una vez por todas con la práctica de dar educación pobre a los niños pobres. Es cierto que la masividad de la educación puede representar un límite serio, pero no es justificable cuando se piensa en cuántos maestros, estudiantes y escuelas pudieron haber sido apoyados con los cuantiosísimos recursos sustraídos, desfalcados, desviados, triangulados o simplemente robados por los innumerables funcionarios deshonestos que van desde los escandalosos casos de gobernadores y exgobernadores hasta el más modesto puesto público que se aprovecha para obtener ilegítimamente dinero o beneficios que se le restan a la educación.
Sólo queda preguntar: ¿esa agenda clara estará ahí para responder a los siguientes resultados de PISA?
ramirezmorales.pilar@gmail.com |
