En el Código Penal Federal, en su Artículo 400, se establece que incurre en el delito de “encubrimiento” aquel que (párrafo tercero) “oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe”.
Este Artículo, sin embargo, tiene algunas excepciones: “No se aplicará la pena prevista en este artículo (…) cuando se trate de los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines; el cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, y los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad”.
Esta es la razón por la que la PGR no actuó contra Karime Macías de Duarte, ni contra otros familiares cercanos que, con seguridad, sabían dónde se ocultaba el exgobernador de Veracruz.
Investigan, sin embargo, la posibilidad de que parte de los recursos federales presuntamente sustraídos por su esposo, Javier Duarte, hayan ido a parar a su peculio, lo que la convertiría, entonces sí, en cómplice.
Se escribió tanto sobre el “saqueo” que habría realizado Javier Duarte de las arcas de Veracruz, sobre la crisis de insolvencia en la que dejó las finanzas estatales, sobre su responsabilidad en muchos otros ilícitos, que una vez consumado su arresto, y saciada la curiosidad sobre lo que hizo los últimos seis meses, las miradas habrán de dirigirse hacia los cómplices.
Al hacer un recuento de aquellos que habrían integrado esa “red de corrupción” que encabezaba (al menos en el papel) Javier Duarte, se deben abrir dos segmentos. Uno: los “amigos” del gobernador, personajes que nunca tuvieron un cargo visible u oficial en el gobierno de Veracruz, pero que aprovecharon su cercanía con el hoy detenido para “hacer negocios” con el producto del saqueo a las arcas estatales. Dos: el de sus “colaboradores”, esto es, servidores públicos de la administración estatal que siguiendo órdenes del gobernador o del algún otro superior, incurrieron en actos ilícitos.
De los primeros, han sido señalados personajes como Moisés Mansur Cysneiros, Juan Manuel Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, o los hermanos Mariano y José Francisco “Franky” García González. Además, los que negociaron su libertad a cambio de informar sobre todas las operaciones ilícitas, como es el caso de José Juan Janeiro Rodríguez y Alfonso Ortega.
En el segundo grupo están todos aquellos que, desde las entrañas de la administración estatal, vieron pasar por sus manos fortunas incalculables, y las desviaron para otros fines, entre ellos, su propio enriquecimiento.
En ese rubro destacan personajes como el diputado federal Antonio Tarek Abdalá y Carlos Aguirre Morales, ambos con múltiples menciones en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
En este segmento, sin embargo, la lista es muy extensa e involucra prácticamente a todo aquel que haya tenido acceso a fondos federales, pues todos ellos en algún momento autorizaron que dichos recursos fueran utilizados con otro fin, distinto a su destino original.
Ha trascendido en los pasillos de San Lázaro que existe consenso por parte de las bancadas opositoras para presionar a la Sección Instructora, que encabeza Ricardo Ramírez Nieto, a fin de que acelere el proceso para el eventual desafuero de Tarek Abdalá, que estaba previsto para el mes de junio. Pedirán se resuelva antes de que concluya el actual período ordinario, el 30 de abril.
Hasta antes de que fuera capturado Javier Duarte, todos daban por hecho que la petición sería rechazada, pero los señalamientos directos de quien fue su jefe (el exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac) y el ambiente de linchamiento político que ha provocado la caída del exgobernador, han provocado un aire redentor que podría provocar que la resolución fuera en contra.
Y bien lo anticipó uno de los legisladores federales de Veracruz: “Sólo es necesario que caiga el primero, porque muchos otros lo seguirán, como fichas de dominó”.
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Epílogo.
A propósito de la legalidad y transparencia con la que –asegura Yunes Linares- se comporta el actual gobierno estatal, alguien tendría que decirle al gobernador que ya se le hizo tarde para entregar al Congreso local el primer informe trimestral del gasto. Falta también que se informe sobre el ajuste al presupuesto de la Universidad Veracruzana y las ampliaciones que están pidiendo entes como el OPLE, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. También en materia financiera hay gente que no está haciendo su trabajo. *** Y por aquello de las “malditas percepciones”, la tarde del lunes se suscitó una balacera en el centro de Altotonga, que dejó como saldo una persona fallecida. En la esquina que forman las calles Doctor Marín y Salvador Díaz Mirón, fue hallado sin vida un hombre identificado como Rodolfo Arcos. *** Y en Soledad Atzompa, dos hermanos fueron baleados cuando viajaban en un camión de volteo cerca de la comunidad Capulines. Varios sujetos a bordo de una camioneta pick up se emparejaron al volteo y dispararon contra los hermanos. Uno de ellos, de 15 años de edad, falleció en el sitio, mientras que el otro resultó herido y fue trasladado aún con vida a un hospital de Orizaba. *** Ojalá sólo fuerza “percepción”.
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