De acuerdo con esta investigación, de entre 69 naciones miembros de la ONU ocupamos el primer lugar en América y el cuarto a nivel global en el Índice global de impunidad (IGI), hechos que muestran la compleja condición de arbitrariedades cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, en la lamentable condición de crisis “funcional y estructural”.
Para nuestro país se construye el Índice Global de Impunidad México (IGI-MX) que revisa y compara información sobre estructuras de los sistemas de seguridad, justicia y lo que se conoce en México como la “cifra negra”, que es todo aquello que no está declarado cuando ocurre un delito y que por ejemplo nos arroja el dato de que solo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos porque se piensa que primero es una pérdida de tiempo y segundo porque no se confía en la autoridad. En los datos recabados se evidencia con suficiencia la reconocida condición de fragilidad institucional y de políticas públicas que no combaten centralmente nuestras problemáticas.
El estudio sobre la impunidad aborda la insuficiencia del sistema de justicia mexicano que se encuentra deficitario de jueces, lo que supondría un factor determinante de eficiencia “ya que al aumentar su número, sería posible incrementar las capacidades de impartición de justicia, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles”.
El promedio en los países del estudio se ubica en 16.23 jueces por cada 100 mil habitantes, nuestro país tiene 4.2 jueces por cada 100 mil, muy por debajo en comparación con Croacia que cuenta con 45 jueces, el país que en el estudio resulta con el menor índice de impunidad.
Otro dato sobre el sistema de justicia revela que casi la mitad de la población detenida (el 43%), no cuenta con sentencia, sumado a que se encontró “poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.”
Sobre el sistema de seguridad se advierte un esfuerzo de crecimiento gubernamental al mostrase el incremento en el número de elementos policiacos que llegan a 359 por cada 100 mil habitantes, número que se ubica por encima del promedio que es de 319 por cada 100 mil, sin embargo las conclusiones al respecto aclaran que: “en México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura”.
Es urgente reducir la impunidad, el agobio que genera provoca reacciones que producir condiciones de descontrol social, el manejo de los recursos que se destinan a los sistemas de seguridad, justicia, penitenciario y de derechos humanos tendrán que optimizar sus esquemas de aplicación y de resultados, empezando por evitar la corrupción en ellos y paralelamente que se establezcan mejores procesos de evaluación que ofrezcan información verídica sobre el funcionamiento de las instituciones, donde se rindan cuentas y con ello se pueda mejorar la toma de decisiones para los procesos de cambio que se requieren.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
Hija de la impunidad y el modelo dominante: la aberrante concentración de la riqueza y la desigualdad nacional con datos del INEGI.
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