El pasado viernes 22, en este espacio periodístico, publicamos un texto titulado “SSP: durmiendo con el enemigo”, en el que comentábamos que “más que la aprehensión de Oscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención y Reinserción Social, lo que realmente sorprendió fue la detención de su ex delegada Jurídica, Verónica Vera Campos, ¡quien seguía laborando en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado pese a que desde marzo de 2016, hace más de año y medio, había sido señalada públicamente de haber recibido jugosas sumas de dinero por haber liberado a decenas de reos durante el sexenio anterior obviamente en complicidad con su jefe y algunos encargados de reclusorios!”.

Fue un involuntario error de quien esto escribe, al retomar y dar por cierta la información publicada dos días antes en varios medios digitales e impresos, en los que se consignó que junto con Sánchez Tirado había sido detenida también Vera Campos precisamente por el caso de las pre liberaciones, que según diversas versiones periodísticas eran vendidas entre 70 mil y 250 mil pesos, dependiendo del tipo de reo.

Pero la ex delegada Jurídica de la DPyRS, a la que inicialmente también identificaron de manera equivocada como la “novia” del ex director de Prevención y Reinserción Social, no fue la mujer aprehendida sino Olga Heber Jiménez, que sí es la verdadera pareja sentimental del ex funcionario duartista. Y es que ambos, Sánchez Tirado y Heber Jiménez, han sido implicados en la desaparición forzada de Carlos David Bautista López, por la que también fueron detenidos seis policías que habrían participado en este crimen.

Bautista López, quien estuvo ligado sentimentalmente a Olga Heber, desapareció hace dos años, en septiembre de 2015.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra Sánchez Tirado solamente por este criminal caso de abuso de poder, y no por los señalamientos periodísticos que desde hace más de año y medio se le venían haciendo al ex funcionario por el presunto negociazo de las pre liberaciones.

Por cierto, la última vez que se tocó públicamente este asunto fue el 28 de noviembre de 2016, en la comparecencia de José Nabor Nava Holguín, último secretario de Seguridad Pública de la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ante la LXIV Legislatura con motivo del sexto informe de gobierno. Ahí, el entonces titular de la SSP   fue duramente cuestionado por la diputada panista Cinthya Lobato Calderón, quien entre otros de los múltiples señalamientos que le hizo al jefe policiaco fue precisamente el de la escandalosa liberación de reos a cambio de  dinero, como se había publicado en varios medios de comunicación a principios de marzo de ese año, y en el que se involucraba desde entonces a Sánchez Tirado y a la delegada Jurídica de la DGPRS.

Casualmente, en esa ocasión, la legisladora local del PAN le solicitó a Nava Holguín que le hiciera llegar el listado de todas las pre liberaciones correspondientes a los años 2015 y  2016; que le informara acerca de qué sanciones se les había impuesto a los servidores públicos responsables de tales hechos, y que le entregara también la copia del oficio donde presuntamente avisó de ese irregular acto a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General de Veracruz, inquiriéndole además por qué Verónica Vera Campos continuaba trabajando en la Secretaría de despacho a su cargo.

Quién sabe qué respuesta le dio Nava, pero ahora la diputada Lobato tendría que pedirle la misma explicación al nuevo secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, pues Vera Campos inexplicablemente logró transitar en el cambio de administración y ha logrado sostenerse pese a que a mediados de junio de este año empleados de la SSP publicaron de manera anónima una misiva en la que le solicitaban al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que hiciera “una depuración profunda en la dependencia”, pues acusaban que continuaban laborando “personas que participaron en la red de corrupción que operó Arturo Bermúdez Zurita”.

En dicha carta alertaban a Yunes que “en la SSP continúa una red de corrupción por parte de los encargados de Recursos Humanos y de los movimientos de personal a cargo de la licenciada Verónica Vera Campos junto con David Rebolledo y Sebastián Licona y Roberto con clave ‘Rango’.”

Señalaban que dichos funcionarios “cobran en la Dirección de Operaciones” y que presumían ser “muy amigos del Ing. Efraín García Chávez”, secretario particular del subsecretario de Operaciones de la SSP. Acusaron concretamente que Rebolledo, Licona y Roberto (Rango) “se encargan de decirnos (que) para no ser removidos de nuestras áreas en Xalapa, tenemos que entregar una  ‘mochada’ de nuestros salarios”.

Y señalaban específicamente que “Verónica Vera Campos es la que se encarga de realizar todo el trámite y papeleo”; que “ella y David Rebolledo López, junto con el lic. Arturo Ferman de la Fuente, subdelegado de Recursos Humanos, y la licenciada Lucy García Trejo, en la torre central, son los encargados de hacer los oficios de comisión de los compañeros.”

“Los tres deciden quién se va, quién se queda, reciben hasta 5 mil pesos por realizar una permuta y nos cobran 8 mil por cambiarnos de adscripción (al lugar donde queramos o regresarnos a Xalapa).

“Cobran por cada movimiento de personal que hacen y lo peor es que se ufanan en decir que lo hacen por órdenes de arriba”, remarcaban.

Mencionaban, además, que Rebolledo López y Sebastián Licona les estaban “pidiendo dinero” a los compañeros administrativos “para sacarlos de la lista para que no vayan al curso de formación inicial o equivalente, y por borrarlos de la lista están cobrando 4 mil pesos.”  

Como prueba sugerían checar los oficios número SSP/CEIS/D-/378/2017 y número SSO/D.O/1043/2017, en los que se notificaba el regreso de algunos compañeros a Xalapa. Exponían que “para que no desconfiemos”, David Rebolledo puso como ejemplo “el cambio de adscripción de su  mamá, la señora Felícitas López Hernández, que estaba en la Delegación de Fortín y ahora está en el archivo de la Dirección de Operaciones”; el de la oficial Cruz Hernández Amelia, “que estaba en la División de Policía y ahora ya está en la torre central”, y el de “las hermanas de la Lic. Lucy García Trejo, que jamás las mandan de comisión y no las ponen a disposición y tampoco van a cursos.”

A Yunes Linares le recordaron que “esto, señor gobernador, según sabemos se llama nepotismo”, y le inquirían si él había autorizado “que todos los funcionarios de Seguridad Pública traigan a sus madres, padres, hermanos a trabajar, aún y cuando no estén capacitados para eso”.

Los empleados de la SSP le suplicaban al mandatario veracruzano su intervención, demandándole “transparencia y cero corrupción”, pues aseguraban que dichos funcionarios argumentaban que el dinero que pedían era para “el jefe”, pero que no podían corroborarlo porque eran bloqueados para que no pudieran hablar con el director de Operaciones, el mayor Mauricio González Rosas, y con el subsecretario de Operaciones, capitán Narciso Peña Cortés.

Pero igualmente exponían que “por conocer de su actuación, sabemos que donde llega la Licenciada Verónica Vera Campos ve la manera de sacar jugosas cantidades de dinero en donde desempeña sus servicios”, refiriendo que “cuando estuvo en Asuntos Internos también dejó mucho que desear en ese puesto y como delegada Jurídica en la Dirección general de Prevención y Readaptación Social, cuando estuvo el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, participó en dejar a peligrosos reos libres por grandes cantidades de dinero junto con el cap. Oscar Sánchez Tirado.”

Y recriminaban que “estas personas continúan no solo siendo parte de la nómina de SSP, sino que ahora nos extorsionan a los empleados”, por lo que “nos preguntamos por qué no se ha realizado una depuración a fondo de esta dependencia, ¿o es que en verdad están recolectando dinero para entregarlo a los subsecretarios y ellos más arriba?”.