Ahora que la Fiscalía General del Estado asestó un buen golpe con la detención de Oscar Sánchez Tirado, el exdirector de Prevención y Reinserción Social que junto con su pareja sentimental Olga Heber Jiménez y otros siete policías ha sido sometido a proceso penal por la desaparición forzada de Carlos David Bautista López –desaparecido a mediados de septiembre de 2015–, muchos se preguntan por qué la FGE no le ha dado hasta ahora el mismo seguimiento al caso de aquél joven exparticipante de “La Voz México”, Gibrán David Martínez Díaz, quien también desapareció acompañado de un menor de edad, y en cuyo crimen habrían participado media docena de elementos policiacos.   

De hecho, sobre la desaparición de este cantante, dio algunos indicios la diputada panista Cinthya Lobato, quien a finales de noviembre de 2016, durante la comparecencia de José Nabor Nava Holguín, último titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración pasada, dijo que, en su momento, según los peritajes de este caso, se había dado a conocer que el teléfono celular de Gibrán registró por última vez la localización dentro de las instalaciones de la Fuerza Civil en El Lencero, sede que la legisladora apuntó que había sido señalada en más casos de desaparición forzada.

De hecho, Cinthya pidió al secretario duartista que informara a esa soberanía acerca de cuántos policías habían sido sancionados específicamente por este tipo de delito y que además les notificara sobre las respectivas denuncias que habían remitido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado.

La diputada del PAN preguntó tajante sobre qué se había hecho ante la mala actuación de algunos delegados de la SSP y bajo qué circunstancias éstos habían sido designados, aludiendo especialmente al caso del entonces delegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quien también había estado en Ciudad Cardel, y que fue implicado en la desaparición de siete jóvenes terrablanquenses.

Por cierto, en esa comparecencia de Nava Olguín, la legisladora de Acción Nacional metió en serios aprietos al funcionario duartista, pues igualmente le pidió un informe pormenorizado de los servicios realizados en los últimos años  por las empresas operadoras de grúas “Utrera” y “Pentágono”, en la primera de las cuales –dijo– se mencionaba como socio al entonces director de Tránsito, Arturo Martínez Cruz,  y, en la segunda,  a Owen Mendoza, sobrino de la esposa del exsecretario Arturo Bermúdez Zurita.

La diputada panista también aludió el conflicto de intereses que había en la SSP, pues cuestionó al secretario bajo qué normas se había elegido un taller de su cuñado para la reparación de los autos de la dependencia.

Lobato cuestionó además la eficacia de los controles de confianza implementados en la Secretaría de Seguridad Pública, pues señaló que el capitán Fernando González Ortiz fue designado comisionado del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), pese a que tenía antecedentes penales y no contaba con el perfil adecuado para el cargo.

Mismas interrogantes que seguramente le harán al nuevo titular de la SSP, Jaime Téllez Marie, cuando después del 15 de noviembre próximo el funcionario policiaco tenga que comparecer con motivo del primer informe de gobierno de su jefe Miguel Ángel Yunes Linares. 

Y es que resulta que desde 2014 hasta hace poco, todavía seguía como “Encargado de la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la SSP”, Ulises Donn Barrios, un sicólogo y pedagogo egresado de la UV que comenzó a laborar en dicha área estratégica de Seguridad Pública desde el inicio de la trágica administración duartista. 

URGE PACIFICAR EL SUR

Este martes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se reunió en la Ciudad de México con los directivos de las 50 empresas globales más importantes que operan en el país.

Al respecto, el mandatario estatal del PAN dijo que “los invité a invertir en Veracruz, particularmente en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos, que será decretada pasado mañana, jueves, por el Presidente de la República”.

Yunes Linares ofreció que los empresarios que lleguen a invertir a esa zona “tendrán exenciones fiscales”.

Inclusive, el gobernante comentó que ya en este momento hay una empresa que va a comprometer una inversión muy importante en Coatzacoalcos para empezar a generar empleos, y que 13 empresas más “han firmado cartas de intención para invertir 650 millones de dólares en esa región tan importante de nuestro estado”.

El mandatario anunció que este mismo martes regresaba a Veracruz para reunirse con los empresarios más importantes del estado, “quienes también se comprometerán a invertir en las próximas semanas, en los próximos meses”.

Yunes Linares dijo que nuestra entidad “tiene todas las posibilidades de salir adelante, de volver a crecer, de seguir desarrollándose, de generar empleos. Esa esa es la mejor vía para resolver los graves problemas que tenemos”.

Y mientras por un lado él dialoga y busca convencer a los dueños de los grandes capitales de México y Veracruz para que inviertan en la zona sur del estado –una de las más deprimidas económica y laboralmente por el recorte masivo de trabajadores que en los últimos años se ha venido dando en PEMEX y en otras factorías paraestatales y privadas de la industria petroquímica regional–, por el otro, Yunes ha enviado a Coatzacoalcos a su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, con la obvia encomienda de enfrentar a la delincuencia común y al crimen organizado para abatir lo más pronto posible los desbordados índices de violencia.

Sin embargo, este lunes el titular de la SSP fue recibido con cuatro ejecuciones y un asalto bancario.

Por supuesto que no es tarea fácil, pese a que el famoso “Comandante H”, Hernán Martínez Zavaleta, quien desde el sexenio antepasado encabezaba la principal célula criminal en esa región, vacaciona a partir de julio pasado en un reclusorio federal.