El 23 de septiembre del año pasado, el periódico norteamericano The New York Times retomó en su primera plana el caso Atenco que, señaló, “podría pegarle a la Presidencia” de Enrique Peña Nieto, pues abordaba el tema de las mujeres víctimas de los arrestos arbitrarios y las torturas sexuales cometidas por fuerzas del Estado mexicano en mayo de 2006, cuando Peña como gobernador del Estado de México ordenó un operativo para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco contra el proyecto de un nuevo aeropuerto internacional.

“La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 mujeres”, refirió el influyente diario estadounidense.

Once de estas mujeres denunciaron los abusos cometidos contra de ellas, pero al encontrarse con trabas para encontrar justicia en México, se vieron obligadas a llevar su caso a instancias internacionales. El entonces gobernador Peña Nieto declaró, un mes después de los hechos, que “la ‘fabricación’ de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno”.

Sin embargo, en 2016, a diez años del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su dictamen a favor de las víctimas y el 17 de septiembre antepasado mandó el caso a la Corte Interamericana “que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy Presidente de México.”

Este lunes, un año después, el diario El Universal confirmó que por estos hechos el Estado Mexicano será sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sesionará el jueves y viernes de esta semana.

Según la versión periodística, “se prevé que el gobierno mexicano se presente a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones”, puntualizando que “la sentencia del órgano internacional tendrá carácter vinculatorio”.

Además, prevén que “se podría llegar a analizar la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo responsabilidad por las violaciones a las garantías individuales cometidas a los civiles, uso de la fuerza desproporcionada, detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron varias de ellas.”

Este caso podría tener repercusiones en Veracruz ya que, como se recordará, el ahora gobernador  Miguel Ángel Yunes Linares fue implicado como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal por encubrir la violación tumultuaria de las 23 mujeres durante el operativo policiaco en esa localidad del Estado de México. Inclusive, en mayo de 2006, varias organizaciones feministas demandaron precisamente su renuncia inmediata al considerarlo “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”, acusándolo, además, de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando de tal forma el proceder de los policías.

Y es que el panista veracruzano había declarado que “no hubo violaciones tumultuarias, sino abusos deshonestos”, lo que motivó que las mujeres agraviadas exhortaran a Yunes Linares a renunciar y, más aún, ponerse a disposición de las autoridades correspondientes, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había constatado en su informe preliminar sobre los hechos de Atenco, la violación sexual a 23 mujeres detenidas.

En su edición de este lunes, el diario capitalino publica las entrevistas realizadas a dos de esas mujeres mancilladas. Una, Bárbara Italia Méndez Moreno, perteneciente a una fundación para la atención de niños y adolescentes –quien había llegado la noche del 3 de mayo de 2006 a San Salvador Atenco para contactar al día siguiente a la familia de Javier Cortés Santiago, un jovencito que falleció durante el enfrentamiento entre policías estatales y federales–, relata que por la mañana fue detenida de manera arbitraria ya que el domicilio donde se encontraba fue allanado, y que después abusaron sexualmente de ella “sobre una pila de personas” que amontonaron al interior de un autobús.

Por su parte, Claudia Hernández Martínez, quien en ese entonces era una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de apenas 24 años de edad –la cual se hallaba en Atenco para realizar un estudio sobre los movimientos sociales, que era el tema de su tesis profesional–, dijo al diario capitalino que ella prefirió callar y aguantar de todo, incluso, ser violada entre el grupo de personas que habían sido detenidas y apretujadas al interior también de un camión, ese 4 de mayo de 2006, recordando que mientras más se quejaban más los golpeaban. 

La entrevistada anunció que esta semana viajará a San José, Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para estar presente en la sesión del órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Confía en que se hará justicia, pues señaló que en México sólo han tratado de procesar a algunos policías pero no a los que ordenaron y encubrieron esos excesivos operativos policiacos.