Cuando se descubre un nuevo fraude cometido por Financieras fantasma, la sociedad pregunta a las víctimas, ¿por qué se dejaron engañar?; cuando todos debiéramos cuestionarnos, ¿por qué seguimos permitiendo que empresas así  puedan operar con total libertad, publicidad e impunidad?, es decir, qué autoridad se encarga de perseguir éste tipo de delitos, y cuál es la estrategia de prevención y combate para evitar que se siga dañando a nuestra sociedad generando más pobreza.

Acaso usted no se ha preguntado, por qué siguen sucediendo este tipo de fraudes o delitos financieros si el asunto no es nuevo, cómo es posible que un asunto de gran importancia, permanezca en la indiferencia, y acabe con la resignación de los defraudados y no con el castigo a estos delincuentes de cuello blanco que se enriquecen con el dinero de quienes honestamente se ganan la vida.

El tema viene al caso porque a principios del mes de marzo se dio a conocer que una empresa denominada CIME Soluciones ubicada en céntrica avenida de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, atrajo la atención de la población al prometer préstamos de autorización inmediata (cuestión de horas), sin aval, sin garantía, sin revisar buró y con bajas tasas de interés, así como pagos fijos; con requisitos mínimos, uno de ellos: la condición del depósito previo de un porcentaje sobre la cantidad solicitada. Al cabo de unos meses y después de obtener diferentes sumas de dinero de sus clientes, la oficina cerró para desaparecer sin dejar rastro, pues solo dejó el letrero...

Es cierto, siempre ha habido fraudes y se nos impone actuar de forma precavida al investigar por ejemplo, si la empresa está registrada en el Buró de Comercial o en el Registro de prestadores de servicios financieros (SIPRES); pero, por qué tenemos que enterarnos que son defraudadores hasta que desaparecen y aparecen las denuncias ciudadanas, cuando ya no hay mucho que hacer.

Como es posible que éstas empresas ubicadas en lugares céntricos con publicidad masiva ofreciendo crédito mágico y tasa casi cero, no despierte la sospecha de autoridad alguna para -por lo menos- hacerles una revisión, cuestionar acerca de su registro, y clausurar en caso de que no lo acrediten, y me refiero a todas las autoridades no solo a los supervisores financieros, porque si no son entidades financieras o comerciales (por eso son fantasmas) no todas tienen competencia para actuar.

 ¡Pues no que a Hacienda no se le va nada!, seguramente ningún impuesto obtienen de éstas. No es posible que a la fecha no exista un registro del monto de lo defraudado en los últimos 6 años, para calcular cuántos recursos deben destinarse del presupuesto anual de egresos para combatir este delito.

Sí, combatirlo en serio, con ampliación de facultades a las instituciones que resulten competentes para supervisar a las empresas que ofrezcan servicios financieros dudosos, ampliación del marco legal para endurecer sanciones, y  creación de fiscalías especializadas para investigar y conocer de estos casos.

¡Pregunte, es mejor tener dudas que deudas!

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