La noche del pasado 12 de abril, la diputada local con licencia de Morena, Tanya Carola Viveros, sufrió lo que ella asegura se trató de un intento de secuestro por parte de sujetos armados que trataron de interceptarla al salir de una tienda de conveniencia, hechos que denunció ante la Fiscalía General del Estado al día siguiente.
“Es una situación que nos está pasando a todos desafortunadamente (...). Esto ha venido ocurriendo todo el año y se trata de un mal manejo de la seguridad en el estado”, declaró la legisladora con licencia luego de acudir a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Investigaciones contra Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.
La referencia al mal manejo de la seguridad pública en Veracruz –que es evidente y la padecemos los habitantes de la entidad cotidianamente- provocó una respuesta directa –y lamentable- del propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Asumiéndose como fiscal y juez al mismo tiempo –al fin y al cabo, la procuración e impartición de justicia en el estado están puestas al servicio de sus intereses políticos-, el mandatario negó que Viveros Cházaro hubiera sufrido tentativa de secuestro con base, según él, en las videograbaciones del negocio en el que ocurrieron los hechos. Pero fue más allá.
A pesar de que apenas dos días antes la diputada con licencia se presentó personalmente ante la Fiscalía a presentar la denuncia, Yunes Linares también negó que lo hubiera hecho y acusó que había un interés político en la acusación, que limitó al terreno de lo mediático, “por parte de una candidata”, siendo que Viveros Cházaro no contiende en este proceso electoral por cargo alguno.
Y para que no quedara duda del sello de la casa –y de sus nuevos acuerdos mediáticos-, en la prensa al servicio del régimen yunista se insultó con calificativos denigrantes a la afectada. Violencia que fue festejada por algunos otros que antes se asumían “defensores” de las mujeres.
Si ésta es la actitud del titular del Poder Ejecutivo del estado, pues no nos deben extrañar procederes igual de execrables y plenos de misoginia por parte de otros actores, como el candidato a diputado federal del Partido Verde por el distrito de Córdoba, el impresentable José Abella García.
Este sujeto -cuya candidatura de por sí ya representaba un agravio a los periodistas veracruzanos que injuria tiro por viaje en el pasquín de su propiedad- desplegó en sus redes sociales una “probada” de la clase de legislador que aspira ser: “a esas mujeres que su esposo está a punto de dejarlas por gordas y fodongas, que no son capaces de bajar un kilo, ni yendo a bailar a Chalma, vengan conmigo a caminar! Yo ya bajé 2,5 kgs en dos semanas! Camina con @elYoMerolas del verde y vuelve a tiene ese hermoso cuerpo! Vota por @elAbellas vota Verde” (sic), publicó en su Facebook, creyéndose gracioso.
La diputada local Guadalupe Osorno declaró que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tendría que evaluar sancionar a Abella por discriminación contra las mujeres. Y la respuesta del candidato, también a través de sus redes, se dio en los mismos términos que acostumbra: “vieja arguendera (sic) preocupate por la Patria! (sic) Y no por chismes de lavadero! Sino cada vez vas a estar más y más fea y amargada!” (sic).
Lo más grave de este tipo de conductas es que para la clase política no parecen tener la menor importancia. La violencia y la misoginia son tan naturales para los partidos políticos que son capaces de postular a cualquier basura a cargos de elección popular. Y de darles poder.
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