Nuevo gobierno o, mejor dicho, nuevos gobiernos: federal y estatales. En efecto, los resultados electorales y los “mapas” gubernamentales que traerán consigo, marcan ya una inflexión o ruptura ostensible con la anterior “geografía” electoral, habida cuenta de la fuerza política emergente que constató la jornada electoral, representada por la coalición triunfante liderada por el partido político de Morena, que desdibujó a sus oponentes remitiéndolos a una situación opositora de segundas y terceras partes que no les dará más que para practicar el antiguo adagio de “una oposición que gobierna oponiéndose”, es decir, debatiendo, pero sin fuerza efectiva para confrontar, con votos o intervenciones, las decisiones legislativas o las medidas ejecutivas que se tomarán.

Por su parte, los nuevos gobiernos iniciarán su gestión con un bono democrático sin precedentes en la última veintena de años, que los llevará a tener que demostrar, en el discurso y en la praxis política, una oferta de administración pública de altas expectativas sociales, combinada, necesariamente, con requerimientos de elevada eficiencia gubernamental; y, conforme a esta lógica, la propuesta se ventilará mediante instrumentos planificadores y programáticos con los que se darán a conocer las leyes y acciones gubernativas que se esperan para resolver: la corrupción, la inseguridad pública, la insuficiencia de recursos en la educación pública e investigación científica, la carencia presupuestal para la infraestructura de salud y las limitaciones asistenciales, y alto costo de los servicios e insumos necesarios para la vida diaria de la gente, entendidos éstos como productos finales de consumo: gasolina, electricidad y agua, característicamente aunque no únicamente.

Se espera un plan nacional de desarrollo y planes estatales equivalentes, con programas de gobierno específicos, posibles y de fuerte compromiso social. Es cierto que quien lidera la nueva oferta política que se traducirá en nuevo gobierno federal, acompañado de los gobiernos estatales de su orientación política, ha empezado desde ya a anunciar y comprometer decisiones cuasi-ejecutivas -en la medida que aún no es quien determina los actos y procedimientos ejecutivos plenos todavía, sino hasta después de que rinda la protesta constitucional del cargo- y no deja de ser política y socialmente notorio y notable el modo como comunica sus acuerdos, la publicidad que logran y los compromisos en los que involucra a empresarios, banqueros, comerciantes y, sobre todo, actores políticos, organizaciones y grupos de interés diversos.

El bono democrático es elevado y las expectativas de la gente aún más; las promesas de acción gubernamental son fuertes y la exigencia popular tendrá indudablemente un rasero similar; el liderazgo político y social del próximo presidente de la república es indiscutible y, aún antes de empezar su gestión oficial, no se le puede negar que ha estado al nivel de su discurso y oferta de campaña; y, significativamente, exhibe austeridad, orden y madurez como rasgos de carácter que han hecho socialmente esperanzadora, de inicio, la oferta de una generalidad de medidas de gobierno que, por otra parte, implicarán un fuerte diseño profesional y una exigente y genuina vigilancia desde arriba y desde abajo. No es fácil la tarea.