José Lorenzo Álvarez Montero pretende “espantar con el petate del muerto”.
El abogado, con al menos un par de doctorados y otras tantas maestrías, llama a nombrar lo más pronto posible a los 12 magistrados que hacen falta en el Poder Judicial del Estado pues de lo contrario –dijo- se corre el riesgo de que las resoluciones del tribunal Superior de Justicia sean revocadas “por inconstitucionales”.
Argumenta el especialista que para suplir las ausencias han sido habilitados como magistrados los secretarios de las salas y los proyectistas, “sin embargo, en sentido estricto de la ley, se están integrando indebidamente, lo que deja abierto el camino para que alguien impugne las resoluciones que emitan”.
El Artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que para ausencias de los magistrados que “no excedieren de diez días”, serían suplidos por el secretario de Acuerdos de la Sala respectiva, y a falta o imposibilidad de éste, por un secretario de Estudio y Cuenta de la propia Sala, en cuyo caso no se exigirá el requisito previsto por el Artículo 58, fracción II, de la Constitución Política del Estado.
Para casos de ausencias definitivas, la Ley Orgánica sólo considera el mecanismo que se ha de seguir para la designación de los nuevos magistrados, pero no explica quién y cómo serán cubiertos esos espacios durante el proceso.
Si la hipótesis fuera real, todos los casos atendidos por los secretarios de Acuerdos y por los de Estudio y Cuenta, posterior a los primeros diez días de ausencia de los magistrados, serían impugnables.
No es así.
Frente al vacío que presenta el Artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene que recurrir a una interpretación armónica, en la que se entiende que los secretarios de Estudio y Cuenta pueden suplir a los magistrados durante plazos mayores a diez días, porque no puede quedar acéfala la administración de la justicia.
Esta circunstancia –inédita en la administración de justicia en Veracruz- no genera un riesgo de que se anulen actuaciones de servidores públicos que están contenidos en la Ley Orgánica, pues ningún otro magistrado podría ocupar la vacante de las salas.
¿Por qué, entonces, un ex magistrado, erudito en los temas jurídicos, se atreve a lanzar tan grave amenaza?
En el ambiente judicial tienen una explicación:
“Alvarez Montero es asesor jurídico del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Lo que está haciendo el abogado es lanzar un ‘buscapiés’, revivir el debate sobre la urgencia de designar a los nuevos magistrados para justificar una reconsideración del Jefe del Ejecutivo, quien hasta el 30 de noviembre está facultado para enviar las propuestas el Congreso”.
Así las cosas.
Miguel Ángel Yunes Linares está empeñado en enviar el mensaje de que él es y seguirá siendo el gobernador, hasta el último minuto del 30 de noviembre.
Esperen sorpresas.
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Epílogo.
La lucha de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no cesa. Ahora revelan nueva información sobre otros puntos en el municipio de Veracruz, que habrían sido utilizados como fosas clandestinas. Lamentaron que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se haya desentendido del tema, y ya se pusieron a trabajar con Cuitláhuac García, quien de inmediato creó una comisión con legisladores de Morena que le darán seguimiento al tema. *** A propósito de Cuitláhuac García, para que no se hagan bolas, ya dejó en claro que en su gabinete no caben ex yunistas, ni ex duartistas. Las Secretarías serán ocupadas por militantes de Morena, y acaso en posiciones inferiores cabrían servidores públicos identificados con otros partidos. ¿Así, o más claro? *** Contrario a lo que muchos pensaban, los motociclistas están organizados, y este jueves acudieron en grupo al palacio legioslativo, para dialogar con los diputados y explicarles los inconvenientes de la llamada “Ley Chaleco” que –dicen- se fusiló Yunes Linares de una propuesta similar aplicada hace muchos años en Colombia.
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