La relación entre Miguel Ángel Yunes Linares y los concesionarios del transporte público ha sido toda una telenovela. Han pasado del odio al amor, del rechazo a la confabulación, de la confrontación a la complicidad.
Apenas iniciaba su mandato, en diciembre del 2016, Miguel Ángel Yunes Linares anunció la implementación de un “programa de regularización y reordenamiento del transporte público”, que se puso en marcha en febrero del 2017.
Los transportistas hicieron sentir su inconformidad, pues se trataba no sólo de una revisión documental o de las condiciones físicas de cada vehículo, sino del cobro de obligaciones rezagadas y de una cuota por “empadronamiento”.
Un año después, en febrero del 2018, ya en plena efervescencia electoral, el gobernador anunció la condonación del 100% de los derechos de control vehicular para el transporte público, y ofreció reintegrarles su dinero a aquellos que ya hubieran cumplido con esa obligación.
Los transportistas saben que en tiempos electorales a los políticos en el poder les renace el amor por ellos, pues son necesarios para el “acarreo” a mítines o para la movilización el día de las elecciones.
La complicidad entre transportistas y el actual gobierno de Veracruz fue tal, que entre ambos operaron el boicot al cierre de campaña que Morena había programado en el estadio Luis Pirata Fuente, de Boca del Río, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García.
“Nos anularon varios contratos por presiones de Yunes Linares, él personalmente habló con varios transportistas, nos bloquearon, pero aun así vamos a salir adelante (…); en los alrededores de Veracruz me bloquearon pero la gente está llegando conforme va pudiendo”, explicaba ese 23 de junio Cuitláhuac García a los reporteros que acudieron a cubrir el evento.
Pero una vez cumplidos los compromisos con el gobernador, los transportistas le pasaron su factura: “Urge un incremento en las tarifas”, le dijeron.
A principios del mes de agosto el gobernador descartó que se estuviera analizando un aumento a las tarifas del transporte y dio a conocer que había dado instrucciones de que se pusieran en marcha operativos para detener a las unidades que intenten cobrar por encima de lo que autoriza la Ley.
Sabedores de que a Yunes Linares le quedan muy pocos días en el poder, los transportistas agarraron valor y decidieron imponer sus propias cuotas: El boleto general subiría de 9 pesos a 11 pesos (después se bajaron a 10 pesos), y desaparecerían los precios preferenciales para adultos mayores y estudiantes.
El Presidente de la Asociación de Transportistas, Víctor Castelán Crivelli, anunció que a partir del sábado 25 de agosto subirían los costos, de forma unilateral, y pidió al gobernador “su comprensión”.
La respuesta del mandatario estatal fue tajante: “Unidad que cobre por encima de la tarifa autorizada será detenida y se iniciará de inmediato el proceso para cancelar su concesión. Entiendo a la perfección el reclamo de los empresarios, pero entiendo mucho mejor el reclamo de la gente”.
Quien no lo conozca, que lo compre.
Este escándalo suena a “caja china”, a otro acuerdo entre transportistas y el gobierno, con el fin generar una crisis y solucionarla de forma contundente.
A Miguel Ángel Yunes Linares se le está acabando la imaginación.
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Epílogo.
Llegaron buenas noticias para Veracruz de la reunión plenaria del próximo Grupo Legislativo del PRI en San Lázaro. Anilú Ingram Vallines fue nombrada vicecoordinadora de la bancada priista, que será encabezada por el guerrerense René Juárez Cisneros. *** Anilú Ingram ha sido diputada local por el distrito de Veracruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, y delegada federal de la Sedesol. Su trabajo en el reciente proceso electoral fue destacado y eso lo percibieron en México, y ahí están las consecuencias. *** Otro golpe al ego. Este jueves se dio a conocer que un juez federal le otorgó una suspensión provisional a Cecil Duarte, hermano del ex gobernador Javier Duarte, con lo que no podrá ser ejecutada la orden de aprehensión que fue librada por un juez de Veracruz. *** El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, fue quien concedió el amparo, que protege a Cecil Duarte contra cualquier orden de arraigo y comparecencia. Se trata de un amparo provisional “hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”. *** Y como aquí mismo se anticipó, el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, ya prepara su carta de presentación con el próximo gobernador. Se trata de cinco informes especiales sobre el manejo de los recursos del primer año de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, entre ellos sobre la reestructuración de la deuda pública. *** La intención es ofrecerle, en bandeja de plata, la cabeza de los titulares de la actual administración estatal, a cambio de su permanencia en el cargo.
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