El pasado primero de julio una importante mayoría de veracruzanos (cerca de un millón 700 mil) decidieron impulsar un cambio en Veracruz.
Dos años antes, poco más de un millón de ciudadanos pidieron lo mismo, pero optaron por el discurso flamígero de Miguel Ángel Yunes Linares. Era tanta la molestia social, que la promesa de una pronta venganza los terminó por convencer.
Y el cambio nunca llegó. La misma suciedad, la misma opacidad, aunque con nombres diferentes.
En esta ocasión, desde que se conoció la voluntad de los veracruzanos, el gobierno en funciones se ha empeñado en tomar las medidas necesarias (aunque sean ilícitas o inmorales) para ponerle obstáculos a quien habrá de gobernar la entidad a partir del primero de diciembre.
De nada les ha servido, pues la convicción de que se requiere un cambio a fondo, ha invadido la conciencia de todos los actores políticos.
Este lunes el presidente en Xalapa de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juan Manuel García González, planteó que con el cambio de administración, se deberían sustituir también al Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz y al titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
Es una propuesta que habría que analizar con mucho cuidado.
Está claro que tanto Winckler como Portilla han trabajado para favorecer las estrategias de Miguel Ángel Yunes Linares.
El titular de la FGE llegó al gobierno luego de representar los intereses de la familia Yunes-Márquez y en múltiples ocasiones se ha manifestado como uno de los más leales colaboradores del gobernador, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo.
Jorge Winckler es, pues, lo que ya se conoce como un “fiscal-carnal”.
La relación de Lorenzo Antonio Portilla es más reciente. Versiones cercanas al Orfis sugieren que su titular negoció su permanencia en el cargo, a cambio de poner al servicio del gobernador los expedientes de los principales funcionarios del gobierno duartista, y presentar las denuncias que requería el Fiscal para actuar en consecuencia.
No es esa la justicia que están pidiendo los veracruzanos.
Para cuando asuma la gubernatura Cuitláhuac García, estará por decretarse la ilegalidad del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, y el nuevo Congreso de Veracruz recibirá y analizará las propuestas para las 12 vacantes de magistrados que existen en el Poder Judicial.
No se trata de que, a cambio de los incondicionales de Yunes Linares, sean elegidos servidores públicos que le deban lealtad ciega a Cuitláhuac García. De lo que se trata es de que por fin Veracruz cuente con órganos de justicia y de fiscalización realmente autónomos, independientes, que tengan como único compromiso servir a los veracruzanos.
“Se necesita una baraja nueva, porque estos son temas de impartición de justicia y de transparencia, y transparentes no han sido”, afirmó el dirigente empresarial.
Y fue muy claro:
“Si bien son puestos que trascienden de un gobierno a otro, también aquí hay intereses que trascienden y con esta nueva composición ningún interés debe favorecer a nadie”.
De lo que se trata es de evitar lo que, en términos médicos, se conoce como “metástasis”, esto es, la propagación de un cáncer que debe ser extirpado por completo.
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Epílogo.
Lo dijo primero Elba Esther Gordillo, y lo confirmó horas más tarde Andrés Manuel López Obrador: La reforma educativa fracasó. El propio Enrique Peña Nieto tuvo que admitir que su sucesor está en todo su derecho de promover los cambios que considere necesarios en esa materia. Mientras tanto, los mexicanos siguen en espera de que los políticos se pongan de acuerdo para impulsar una reforma educativa eficaz, que tenga como prioridad elevar el desempeño académico de los estudiantes. ¿Faltará mucho para eso?
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