Desesperado por no encontrar el mecanismo idóneo para la imposición de magistrados, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña está cometiendo errores graves, que le pueden representar responsabilidades de carácter penal.
Trascendió este fin de semana que Alvarez Peña (al parecer siguiendo los consejos del asesor jurídico del gobernador Miguel Ángel Yunes y exmagistrado, José Lorenzo Álvarez Montero) se dedicó a designar “magistrados provisionales”, de entre los jueces más “leales”.
Lo delicado del caso es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni el Artículo 17 (atribuciones del Pleno) ni el Artículo 88 (atribuciones del Presidente del Tribunal) se contempla la facultad de nombrar “magistrados provisionales”.
Una acción ilegal de este tipo encuadra en los delitos de Abuso de Autoridad, y los “beneficiarios” de estas medidas incurrirían en Ejercicio Indebido de Funciones.
Llama la atención, además, la identidad de los que han sido seleccionados por el Presidente del Tribunal para ocupar, de forma ilegal, plazas de magistrados.
Está, por ejemplo, Benito Vergara Morales, quien es el Presidente del Colegio de Jueces, un jurista al que Edel Álvarez, al momento de asumir la Presidencia, lo envió a un Distrito lejano, con el fin de “ablandarlo”.
Otro de los “beneficiados” es el joven Luis Daniel Ruiz Guerrero, hijo del magistrado Daniel Ruiz, o la juez Maricela Andrade Baz, casualmente nuera del “asesor” José Lorenzo Álvarez Montero.
Otros jueces que aparecen en la lista (la que se pretendió manejar con total sigilo) son Gustavo Beristáin Bazán, Joaquin Rodríguez Sánchez y Crisoforo del Ángel Aquino.
Es obvio que esta selección privilegia a jueces que “están” con el magistrado presidente. No se considera la carrera judicial, ni los parámetros de desempeño. Son, en gran medida, los que iban incluidos en la lista que le hizo llegar a su amigo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Tan burdos fueron estos movimientos, que en los grupos de whatsapp del Poder Judicial circula el siguiente mensaje:
“¡¡Extra, extra!! El día de hoy en el Tribunal Superior de Justicia se están vendiendo al mejor postor plazas de magistrados provisionales, jueces y demás funcionarios de alto rango, y si no lo creen, basta que se den una vuelta al Palacio de Justicia justo donde despacha el Presidente en el quinto y sexto piso del edificio “C” donde verán a cientos de abogados que arropan la esperanza de sacarse la lotería sin comprar boleto. Están saliendo con nombramientos en mano raudos y veloces rumbo a sus magistraturas y distritos donde a partir de mañana despacharán conforme a las instrucciones del Presidente”.
Edel Álvarez Peña está cometiendo errores que no habria cometido si fueran otras las circunstancias. Hoy tiene claro que su apuesta política fracasó, que su amigo y compadre está viendo por su propia seguridad y por lo tanto el magistrado presidente tendrá que hacer lo propio.
Pero las leyes en la materia son claras y contundentes. Establecen qué es lo que puede hacer y de qué está impedido el titular del Poder Judicial del Estado.
El primer objetivo de Cuitláhuac García (ya lo ha mencionado en múltiples ocasiones) es el Fiscal General Jorge Winckler. Después de él, será el turno de Edel Álvarez Peña.
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Epílogo.
La Comisión de Búsqueda de Desaparecidos sigue a la espera de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cumpla su palabra y destine a ese organismo de nueva creación los 5 millones de pesos que se habían ofrecido como recompensa por información que ayudara a la captura del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras. En plena etapa electoral, Yunes Linares se fue de la boca y ofreció un recurso que sigue sin entregar. ¿Le suena? *** Hay fundadas sospechas de que el gobierno de Miguel Ángel Yunes incurrió en las mismas trampas que su antecesor, Javier Duarte. El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local, Carlos Morales Guevara, hizo un llamado al gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez para que investigue si la administración de Yunes Linares “prendió la licuadora” para usar recursos etiquetados en otros rubros y los destinó al pago de deuda pública; lo que constituye un delito. *** Cada vez se parece más a ellos.
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