No era la intención dedicar –una vez más- todo el espacio de esta columna al Tribunal Superior de Justicia, pero son tantas y tan aberrantes las medidas que está tomando su magistrado presidente, que sólo se puede comparar a los últimos días de Javier Duarte: “¡Las cosas se hacen así porque yo así lo quiero, y se acabó la discusión!”.
Edel Álvarez Peña dice estar preocupado porque la falta de magistrados le impide cumplir con lo que dispone el Artículo 17 de la Carta Magna y, contrario a toda lógica, se dispone a cerrar la Séptima Sala de lo Penal, con el argumento de que “es necesario economizar recursos”.
Sin embargo, aclara que nadie será despedido, pues los integrantes de esa Sala serán reubicados. Entonces, ¿dónde está el ahorro?
Llama la atención que se disponga a cerrar una sala en materia penal, cuando es justo en esos temas donde se registra el mayor rezago.
No hay que perder de vista que en esa sala está asignado el magistrado Alberto Sosa Hernández, su antecesor, y el doctor Raúl Pimentel Murrieta, reconocido por propios y extraños como uno de los mejores exponentes en materia penal.
Alvarez Peña citó al Pleno del Consejo de la Judicatura para este miércoles a la una de la tarde, con el fin de llevar a cabo esta absurda medida.
Por ello, en redes sociales ya se está citando a todo el personal del Tribunal a estar presentes y manifestar su inconformidad.
“Dice que pretende economizar, y está creando 15 juzgados de lo familiar y pretende crear 15 juzgados microregionales, además de endeudar al Poder Judicial con más de mil millones de pesos”, expresan los trabajadores.
Pero no todas son críticas. Hay quienes tienen contra propuestas.
Durante la actual Legislatura la bancada del PAN presentó una iniciatuva ára desaparecer la Sala Constitucional que –esa sí- tiene muy poco trabajo. ¿Por qué no desaparecer esa, y no la Siete de lo Penal, donde hay resoluciones que llevan ya hasta nueve meses?
Está claro que esto tiene tintes de revancha y de una expresión de autoritarismo muy común en el magistrado presidente.
¿Cuándo le irá a durar el poder?
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Epílogo.
Organismos internacionales han puesto sus ojos en el caso de Míriam Fernández, quien fue despedida del Poder Judicial a pesar de que su ausencia fue por atender problemas con su embarazo. Desde las oficinas de Recursos Humanos alegan que el despido fue porque “la incapacidad enviada para la validación no fue expedida por la institución”. Lo cierto es que el área jurídica del Tribunal Superior de Justicia la juzgó y la condenó, sin darle oportunidad de defensa y agraviando a una mujer que enfrentaba un severo problema de salud. *** No está demás recordar este Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “#La Corte protege tus derechos. Una mujer embarazada reclamó que su despido fue injustificado. La @SCJN determinó que en estos casos el patrón debe demostrar que el despido no fue un acto discriminatorio. CT 422/2016”. *** El caso de Javier Duarte avanza y se perfila a una pronta solución positiva para el exgobernador. Hace una semana Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, las únicas personas sentenciadas por lavar dinero de la administración duartistas, obtuvieron la libertad. Las hermanas Arzate se declararon culpables de lavado y abandonaron el penal de Santa Martha Acatitla el 23 y 24 de agosto pasado, tras cumplir un año y 10 meses de su condena original, la cual fue de 3 años con 4 meses de prisión. *** Su abogado Ricardo Zinser explció que el beneficio fue otorgado por un juez federal y con base en las condiciones previstas en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. Pagaron una multa de 48 mil 644 pesos y cumplieron con la mitad de la pena; además, les impusieron restricciones como no cambiar de residencia, no interferir con testigos que hayan declarado en su contra y acudir a firmar cada 8 días al juzgado”.
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