SI EL EX Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, admitió ser responsable de los delitos que se le imputaban por parte de la Procuraduría General de la República, es decir, lavado de dinero y asociación delictuosa, entonces quiere decir, claramente, que hay muchos otros personajes que intervinieron en la desviación de por lo menos setenta y cinco mil millones de pesos, del erario estatal, durante el ejercicio constitucional de su gobierno, por lo que, tanto la instancia federal como la estatal, están obligados a investigar quienes son esos cómplices que dan sustento a uno de los delitos aceptados por el Ex gobernador del Estado, es decir, la asociación delictuosa y que podrían ser, entre ellos, muchos de sus ex colaboradores de su gobierno, porque existen, además, otros personajes que no fueron, precisamente, funcionarios en su administración, sino asesores y prestanombres que estuvieron fuera del equipo de colaboradores del gobierno.
Esos cómplices, algunos de ellos, señalados, sin que a la fecha existan pruebas contundentes de su participación, podrían encontrarse dentro del propio equipo de gobierno, sin decir, desde luego, que todos ellos sean culpables o que tengan una responsabilidad directa en los hechos, sino de aquellos a los cuales se les ha investigado y les han resultado algunos errores administrativos que pudieran generar esta clase de delitos, como el caso de la Coordinación General de Comunicación Social, donde el Ex diputado federal, Alberto Silva Ramos, fue puesto en evidencia sobre el manejo de recursos del Estado, en grandes cantidades y que por esa sola razón, se supo que había sido objeto de una orden de aprehensión no ejecutada por encontrarse bajo los efectos constitucionales del fuero, en la Cámara de Diputados federal.
Tanto se habló de este tema que también corrió el rumor, en los últimos días de la responsabilidad legislativa del oriundo del Municipio de Tuxpan, donde también fungió como alcalde, que sería esperado, junto con otros responsables de la asociación delictuosa con el Ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para ser aprehendido y puesto tras las rejas y seguirle el proceso penal correspondiente. Sin embargo, decepcionando a los veracruzanos, el gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del Estado, no hizo nada y los ex diputados federales, a los cuales, supuestamente, también se les había fincado responsabilidad, pudieron salir tranquilamente el último día de su gestiones sin que nadie les impidiera el paso, de tal manera, que todo aquello que se manejó con anterioridad, se quedó en el limbo, quizá, por la falta de pruebas suficientes y por no haber integrado debidamente el expediente a tiempo.
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Así las cosas, hoy queda este pendiente, aún cuando la propia Procuraduría General de la República, ya les ha avisado que procederá en contra de ellos, porque en la aceptación del delito de asociación delictuosa, por parte del Ex mandatario estatal, debió señalar, sin pelos en la lengua, quienes fueron o quienes son los que participaron en el saqueo de las arcas estatales. De ahí que todo hacer suponer que existen nombres y pruebas en poder de la Procuraduría General de la República, para poder proceder cuanto antes, ya que el tiempo pasa y si se dejan las cosas al garete, lo más probable es que desaparezcan, tanto los presuntos responsables de estos delitos, como las pruebas que los pueden llevar directamente al reclusorio, donde se les seguiría, como a los que ya están en la cárcel, el proceso correspondiente, a fin de establecer la responsabilidad de cada uno de ellos y por su participación en los hechos, pues debe quedar claro y preciso los motivos que generaron, la supuesta orden de aprehensión, siempre y cuando, se haya encontrado el sustento para que el juez correspondiente, la haya obsequiado.
Aunque todo mundo se ha centrado, solamente, en la sentencia recibida por el Ex gobernador del Estado, calificándola de ser una burla para los veracruzanos, la verdad de las cosas, es que no se ha tocado con bastante precisión el tema de los cómplices, cuando en realidad existen, pero que se le da mayor creencia con la aceptación del delito de asociación delictuosa por parte del Ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues de lo contrario, en tanto no hubiera esa confesión de su parte, podría dudarse, entonces, de la existencia de los corresponsables de este delito, pero como ya quedó firme la aceptación del mismo, quiere decir, que sí hay responsabilidad en más de uno de sus ex colaboradores, quienes, antes de concluir la administración del Ex gobernador Duarte, buscaron, a través de una diputación federal, el cobijo del fuero constitucional, más que nada, porque de esa manera, aunque no desaparece, todavía, su responsabilidad, han ganado tiempo para poder defenderse e incluso, algunos de ellos, haber dispuesto de parte de los bienes adquiridos con recursos del Estado, para devolverlos a la presente administración estatal, como se tuvo noticia en su momento.
De esta manera, se espera que pronto, las dos instancias, es decir, la federal, a través de la Procuraduría General de la República, para los delitos del orden federal que correspondan y la Fiscalía General del Estado, den noticias prontas de que se esta actuando en contra de todos aquellos personajes que forman parte de la asociación delictuosa que aceptó el Ex gobernador, para que sean atrapados y confinados en alguna celda de algún reclusorio federal o estatal, para que se inicie el procedimiento en su contra. No hay más.
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AQUÍ, EN ESTA COLUMNA, hemos señalado, no una, sino varias veces, el permanente abuso de la Comisión Federal de Electricidad, al emitir recibos por consumo de energía, bastante altos, lo que significa que el trabajo de los empleados que se asignan para tomar las lecturas en cada medidor, no lo hacen bien y consecuentemente, resultan consumos bastante elevados que no corresponden, en verdad, a lo que cada usuario utiliza de este servicio.
Sin embargo, en las quejas que se reciben en la Procuraduría Federal del Consumidor, no se toca este tema, porque lo más común es que se aleguen altas tarifas en el consumo de energía eléctrica.
Las tomas de lectura, como se sabe, corresponden, de manera unilateral, hacerlas a la Comisión Federal de Electricidad, a través del ejército de empleados que tiene a su disposición, por lo que, en las oficinas solo hacen el cálculo, conforme a las tarifas aplicables y así es como se elabora el recibo correspondiente.
Puede ser, que finalmente, no sean las tarifas altas, sino la mala lectura de los medidores y cuyos resultados se reflejan en cobros bastante altos, por lo que la Profeco, recibe quejas, pero por el hecho de aplicar altas tarifas, pero no se toma en consideración la mala lectura de los medidores, lo que, muchas veces se hace desde el escritorio o bien desde la esquina de cada calle. Así están las cosas con una empresa descentralizada que con estos errores, hacen, de alguna manera, su propio agosto o bien su propio año de Hidalgo, como es común denominar a este periodo de recogimiento, pero de dinero.
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PUES RESULTA QUE NO le favoreció el recuento de votos al ex candidato de Morena, a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, por lo que ahora esta insistiendo en la anulación de las elecciones.
La panista Martha Erika Alonso, conserva la ventaja de un cuatro por ciento, con lo que se ratifica el triunfo obtenido el primero de julio. Sin embargo, los morenistas no están conformes y ya están buscando la manera de que esta elección se repita con la finalidad de sacar ventaja.
Ya son caprichos políticos que seguramente no se atenderán, en virtud de que ya se dio la oportunidad solicitada y todo parece indicar que la candidata del PAN, logra la victoria final, para que tome posesión de su cargo el quince de diciembre próximo, cuando concluye el mandato constitucional del Gobernador José Antonio Gali Fayad.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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