La declaración de María del Rosario Zamora González (quien fuera directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado y es señalada de incurrir en el delito de “desaparición forzada” porque presuntamente mintió respecto al número de cadáveres encontrados en una fosa clandestina) confirma lo que ya se había sugerido: Que el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, está manipulando a los involucrados en un caso de desaparición de personas, para que acusen a sus jefes.
María del Rosario Zamora reveló que directamente el Fiscal Winckler le ofreció beneficios si al menos acusaba a dos de sus superiores (uno de ellos habría sido el exfiscal Angel Luis Bravo Contreras).
- Jorge Winckler me hizo una presión verbal. Me dijo: “Ya estás en la cárcel, ahora te toca imputar a unos servidores.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito con residencia en Xalapa le concedió a Rosario Zamora el amparo contra la “prisión preventiva oficiosa” que le aplicó la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez.
Este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de ejecución de sentencia de amparo 396/2018, dentro del proceso penal 103/2018. La juez de consigna Alma Aleida Sosa buscó en la determinación del juzgado federal un resquicio para mantener en la cárcel a la exservidora pública, contra quien tiene diferencias de tipo personal, que debieron ser motivo para que se excusara de llevar el caso.
Y como el juzgado federal le puso especial énfasis en que el delito por el que se imputaba a Rosario Zamora no ameritaba la medida cautelar de “prisión oficiosa”, la juzgadora del fuero común repuso el procedimiento y determinó una vez más la prisión, pero ahora en calidad de “necesaria” o “justificada”.
De forma irregular, la juez, además, admitió como válidos testimonios presentados por la fiscalía, a pesar de que los mismos fueron recabados en fecha posterior a la audiencia en la que se le dictó la prisión preventiva oficiosa y que, por instrucciones del juez de amparo, quedó insubsistente.
Lo único que consiguió la juez de control fue retrasar lo inevitable.
Las imputaciones formuladas por la Fiscalía por desaparición forzada, contra Arturo Bermúdez, Luis Ángel Bravo y hasta contra Javier Duarte, son endebles, sustentadas en testimonios de policías que fueron detenidos, que han sido amenazados y a los que las han ofrecido “beneficios”, a cambio de que señalen a sus jefes, como fue el caso de Rosario Zamora.
Un abogado con experiencia en juicios orales, en un puntual interrogatorio a los testigos de la fiscalía, echaría por tierra sus testimonios.
Estos casos, lo mismo que los de aquellos exfuncionarios del gobierno estatal que en estos momentos están encerrados en Pacho Viejo, terminarán por caerse, por los evidentes vicios procesales.
Alma Aleida Sosa Jiménez está pavimentando su camino a las mismas mazmorras a las que ha enviado a los duartistas.
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Epílogo.
Los vecinos de la señora Luz María Landeros Becerra (Doña Luchita, como la conocen todos) marcharon el fin de semana por el centro de Xalapa. Protestaron por el intento de desalojo de uno de sus hijos y una nieta, para despojarla de su vivienda. Los ciudadanos demandaron la intervención del gobernador y del Poder Judicial para evitar que se atente contra el único patrimonio de Doña Luchita, que tiene 87 años de edad y padece glaucoma e hipertensión. “Yo estaba aquí cuando llegaron a desalojarla. Estaba rodeada de policías como si fuera una delincuente”. *** El lunes 10 de abril varias patrullas de la policía estatal llegaron a la casa marcada con el número 70 de la calle Luis Palacios, para cumplir una orden de desalojo concedida por un juez en favor de David González, hijo de Doña Luchita, y Beatriz Gea González, su nieta, quienes disputan la propiedad de dos pisos donde viven Luz María Landeros Becerra, su hija Lourdes González, un nieto y la propia nieta Beatriz Gea González. La oportuna intervención del abogado Tomás Mundo impidió que se concretara el despojo. *** Conforme se acerca el final de su gestión, los servidores públicos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se vuelven más descuidados. Este es el caso de la titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Lily Xóchitl Torres, quien hizo valer su autoridad para impedir que las fuerzas del orden se llevaran preso a su hijo, Emilio Torres, luego de que fuera sorprendido conduciendo un vehículo en estado de ebriedad y quien, además, agredió física y verbalmente a los elementos de Tránsito y de la Policía estatal. De este caso nada ha dicho Jaime Téllez Marié. *** Miguel Ángel Yunes Linares reaccionó tarde. Se había quedado pasmado tras confirmar la derrota de su “cachorro” y cuando quiso meter mano en el relevo del comité nacional panista, ya otros figurones se habían repartido las posiciones de privilegio. Ya repuesto del descalabro, Yunes Linares presionó y presionó hasta conseguir que su derrotado hijo fuera incluido en la planilla que, se anticipa, será la vencedora, la que encabeza Marko Cortés. De lo perdido, lo que aparezca.
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