Ahora resulta que ahorrar es malo. Ahora resulta que el derroche es un mandato legal.
Los argumentos del aún Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Sergio Hernández, para elevar en 8 por ciento el presupuesto del poder Legislativo en el 2019 (un porcentaje por encima de la inflación) resultan banales, absurdos e incongruentes, por decir lo menos.
Pretextar que las reducciones planteadas por la bancada de Morena harán “inoperante” al Congreso, es tan falso como la exagerada “emergencia financiera” que su jefe político, Miguel Ángel Yunes Linares, argumentó para conseguir la aprobación de los diputados para renegociar la deuda del Estado y llevarse una jugosa tajada en ese trámite.
Eso a lo que el diputado panista llama “tijeretazos”, es la propuesta más coherente que se haya escuchado en el Palacio Legislativo, sobre la optimización de los recursos.
Contrario a lo que sugiere Sergio Hernández, los diputados de Morena no deben explicar “que harán” con los 250 millones de pesos que habrán de ahorrar. No son recursos que vayan a llegar al Congreso, son fondos que podrá utilizar el Poder Ejecutivo en temas de alta prioridad. En todo caso será el gobernador, al presentar su presupuesto de egresos del 2019, el que explique en qué habrá de utilizar los recursos que le sean aprobados.
El mensaje que estará mandando el Poder Legislativo es que su operatividad no depende de los millones de pesos que se inviertan en cada legislador, sino del ejercicio democrático de la tribuna, de la representación fiel de la voluntad de los ciudadanos.
Y evidenciando el desconocimiento del marco jurídico que rige al Poder Legislativo, el coordinador de la bancada del PAN asegura que retirarles a los legisladores prestaciones implicaría violentar la Ley:
“Por ejemplo quitar el apoyo de seguro médico. Para modificarlo primero se debe modificar la Ley, no hacerlo en el presupuesto, hay cosas que están contempladas en la Ley que van incluidas en ese presupuesto y no se pueden eliminar sin antes hacer modificaciones”.
El Artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados tendrán, entre otros derechos (fracción V) “recibir una dieta mensual y las demás percepciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control, de representación y de gestoría, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables”.
La Ley, pues, no obliga a otorgarles seguros de gastos médicos.
El diputado electo por el Distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Javier Gómez Casarín, habló en representación de los legisladores electos de Morena y coincidió con la actual bancada de su partido, con la línea marcada por Andrés Manuel López Obrador y con el posicionamiento del gobernador electo Cuitláhuac García: Los recursos públicos deben ser distribuidos conforme a las necesidades de los veracruzanos.
“Es momento de entregar los resultados que la sociedad tanto ha demandado. Es hora de transparentar el manejo y uso del dinero de los veracruzanos, por lo que los excesos en el Congreso se acabarán, haremos un trabajo transparente en la rendición de cuentas”, dijo.
Lo que en realidad preocupa a Sergio Hernández, es que deberá entregar la administración del Congreso a la bancada de Morena y, en consecuencia, muy pronto habrán de conocer el manejo arbitrario, ilegal y abusivo que hizo del presupuesto del Poder Legislativo.
Ya en su momento la legisladora Cinthya Lobato dio un adelanto de lo que habrá de encontrar la próxima Legislatura: “Sí hay dinero para el velódromo (donde Sergio Hernández organizó una fiesta particular), para tus casas de enlace; sí hay dinero para lo que te da la gana y para tus fiestas; sí hay dinero para que le lleves a Pepe Mancha (en ese entonces dirigente del PAN y principal impulsor de la carrera de Sergio Hernández), para eso sí hay dinero”.
Esa es la razón por la que el coordinador de la bancada del PAN se muestra tan nervioso. Muy pronto sabremos en qué gastó el dinero de los veracruzanos.
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Epílogo.
Se enrarece la sucesión en la dirigencia estatal del PAN. Uno de los aspirantes, Agustín Andrade Murga, denuncia que el Gobierno del Estado y algunos municipios gobernados por el PAN pretenden hacer “una elección de Estado”. *** “Es lamentable que se utilice la estructura de los gobiernos para este fin; debemos demostrar que no dependemos de ningún funcionario, caudillo, de ningún político encumbrado”, expresó. *** México solicitó a Canadá (última ubicación conocida) la extradición de Moisés Mansur Cysneiros, a quien se le atribuye la coordinación de la red financiera que se encargó de lavar el dinero desviado de las arcas de Veracruz. Sin embargo, la propia PGR advirtió que su extradición “está difícil”. *** Además, el subprocurador especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, dio a conocer que se obtuvieron al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado, como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No dio nombres.
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