En 2007, luego de que fuera asesinado su hermano Francisco Cifuentes (quien era piloto y hombre de confianza del narcotraficante Pablo Escobar) Jorge Milton Cifuentes Villa asumió el liderazgo de un cartel que dirigía su familia, pues también participaban sus hermanos Dolly, Héctor Mario, Fernando, Martha e Hildebrando Alexander, quienes junto con su cuñada María Patricia Rodríguez (viuda del fallecido Francisco) y que se convirtió en operador financiero del crimen organizado.
Esta familia creó empresas en Ecuador, Guatemala, Panamá, España, Perú, Brasil, Estados Unidos y en México y Estados Unidos a través de las cuales lavaban el dinero y coordinaban el trasiego de drogas de Colombia a Estados Unidos, a través de Centroamérica y México.
La organización de los Cifuentes surgió dentro del Cártel del Norte del Valle, en Colombia, trabajando para Efraín Hernández, alias Don Efra, con quien realizaban tareas de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Jorge Milton Cifuentes figura como socio en por lo menos 22 empresas y tres fundaciones, todas ellas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como compañías dedicadas lavar dinero procedente del narcotráfico.
En febrero de 2011, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista a Jorge Milton Cifuentes Villa, señalándolo como un importante narcotraficante, líder de la Organización de los Cifuentes y quien a través de diversas empresas lavaba millones de dólares.
Mientras tanto, en Colombia, el gobierno aplicó el derecho de dominio de 116 bienes pertenecientes a los socios principales de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre ellos: 31 sociedades, 71 inmuebles y 14 vehículos que estaban a nombre de Jorge Milton y Dolly Cifuentes Villa.
Jorge Cifuentes fue detenido el 8 de noviembre de 2012 en Venezuela. Fue deportado a Colombia y en diciembre de 2013, extraditado a los Estados Unidos, donde fue procesado.
Hoy Jorge Milton Cifuentes es testigo protegido en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, y declaró ante el Jurado en Nueva York, que sobornó a quien fungía como procurador General de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el abogado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, quien antes de ocupar ese cargo fue secretario de Gobierno en Veracruz, en el período de Agustín Acosta Lagunes.
Cifuentes explicó que a través de “su hombre” en la Ciudad de México, Juan de Dios Rodríguez Valladares, alias “El Flaco”, manejó una nómina de 70 policías federales que protegían sus negocios.
Este mismo lunes Ignacio Morales Lechiga salió a desmentirlo. Calificó esas declaraciones como “totalmente falsas y por tanto calumniosas, difamatorias e infundadas”.
Afirmó que jamás ha recibido dinero que no le corresponda legítimamente por su trabajo e hizo notar que Cifuentes no afirma haberle entregado cantidad alguna, sino que lo dio a una persona de su confianza, una persona de nombre Juan de Dios Rodríguez Valladares, quien después fue asesinado en Monterrey, “o sea, utiliza testigos muertos”.
Muchos personajes más saldrán a relucor en este juicio que ocupa espacios preponderantes en medios de comunicación de todo el mundo.
¿Cuánto es verdad, cuánto mentira?
Quizá nunca lo sepamos con certeza.
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Epílogo.
La diputada federal Anilú Ingram Vallines está haciendo su tarea. Ha revisado a detalle el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 y ya señaló algunas líneas que le parecen incorrectas. Se opone a la intención del gobierno federal de reducir el presupuesto a rubros prioritarios para el desarrollo del país, como la educación, el campo y las mujeres; también lamentó el escaso apoyo para Veracruz en el área de infraestructura. *** Anilú Ingram explicó que para Veracruz el escenario será adverso, pues el Ramo 09, destinado a infraestructura, es de sólo de mil 492.3 millones de pesos. En conservación de Infraestructura Carretera se presupuestaron solo 835 millones 552 mil 338 y para Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 656 millones 827 mil 155. En comparación con el 2018 en el que se ejercieron cerca de 800 millones para caminos rurales, significa que hay 145 millones de pesos menos. La legisladora anunció, además, que votará en contra de disminuir los recursos para erradicar la violencia de género. *** Donde también se harán fuertes ajustes al gasto será en el Congreso local. El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, dio a conocer que se reducirá entre un 15 y 20%, en concordancia con el plan de austeridad de los gobiernos estatal y federal, aunque advirtió que no se quitarán recursos a la operatividad. Bien.
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