Era septiembre del 2014. En medios de comunicación de circulación nacional se dio a conocer que la empresa de telecomunicaciones Comtelsat, propiedad del empresario Manuel Arroyo (dueño también del periódico El Financiero), fue inhabilitada por por la Secretaría de la Función Pública.
La decisión fue dada a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, luego de que el Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción concluyó un procedimiento de investigación radicado en el expediente CI-S-PEP-004/2013, en el que se resolvió aplicar una sanción administrativa a Comtelsat, que consistió en inhabilitar a esta empresa durante tres meses a partir del 23 de septiembre de 2014 para tener cualquier relación comercial con entidades del gobierno federal.
Tres años después, en octubre de 2017, el Gobierno de Veracruz (en ese entonces encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares) anunció una inversión inicial de 700 millones de pesos para la adquisición de 6 mil 476 cámaras de video vigilancia que serían instaladas por esa misma empresa, Comtelsat.
A pesar del antecedente de su inhabilitación, el gobierno de Veracruz hizo una adjudicación directa (sin licitación) para un modelo de seguridad que incluía la instalación de cámaras de video vigilancia en las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, así como la habilitación de arcos carreteros y la puesta en marcha del C5i en Boca del Río, que serían entregadas en enero de 2018.
La inversión total, de las dos etapas del proyecto (2017 y 2018) consideraba cerca de mil 200 millones de pesos.
El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, informó que en está por iniciar la revisión a este Sistema Estatal de Video Vigilancia, luego de recibir un exhorto del Congreso del Estado para que pusiera especial atención a esa inversión.
El Orfis ha decidido aplicar a este programa una auditoría financiera, pero además otra sobre la legalidad del contrato para la instalación de las cámaras.
Explicó que se hará la revisión a partir de enero y podría prolongarse incluso hasta marzo pues cuando se trata de auditorías especiales, solicitadas por el Congreso, no hay limitante de tiempo.
Aunque el sistema de Video Vigilancia fue inaugurado por Miguel Ángel Yunes Linares horas antes de que concluyera su mandato, lo cierto es que nunca funcionó más allá del 40 por ciento.
Con esta auditoría se estará abriendo una de las más pestilentes cloacas de la administración de Yunes Linares. Le seguirán otras igual de graves, como la operación en la Secretaría de Salud y el manejo de los programas asistenciales en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
Muchos peces gordos van a sufrir el próximo año.
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Epílogo.
Contrario a lo que algunos afirman, la revisión de la Cuenta Pública 2017 no ha concluido. Al inicio de la presente semana el diputado local Eric Domínguez Vázquez confirmó que están siendo citados algunos diputados de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura. La intención conocer a detalle cómo resolvieron la solventación de entes fiscalizables a los que el Orfis les había detectado presunto daño patrimonial. *** El conflicto sigue sin solución. Este martes trabajadoras y responsables de estancias infantiles salieron una vez más a protestar porque la Secretaría de Bienestar (antes de Desarrollo Social) no ha depositado el subsidio correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. Desde octubre comenzaron los retrasos en el pago de los subsidios que se destinan para el pago de asistentes educativos, la renta de los inmuebles y la comida que se les sirve a los menores. *** En el estado hay 600 estancias infantiles y en todos los casos la situación es la misma. En las Estancias Infantiles se les sirven a los niños dos comidas calientes (desayuno y comida) y una colación a media mañana. El DIF supervisa que la alimentación sea adecuada y suficiente, según las edades de los niños (desde uno hasta cuatro años) mientras que la Sedesol se encarga de ver que se cumpla con las reglas de seguridad y protección civil. *** El subsidio les llega una vez que ha vencido el mes, o sea que en estos momentos no les han cubierto lo correspondiente al mes de noviembre y que debió ser cubierto a más tardar el 15 de diciembre. El gobierno federal no les informa las razones del atraso, ni una fecha tentativa para cubrir esos pagos. ¿Qué responde a eso el “coordinador” federal?
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