El Estado, o cualquier otra instancia, incluso de alguna empresa de carácter privado, tiene la obligación moral de hacer todo lo posible para mantener estos espacios donde las personas puedan, en esta época de crisis, ganarse la vida honestamente.
Es el Estado, quien tiene mayor obligación de tender la mano a los necesitados de un espacio para trabajar y no lanzarlos a la calle, sabiendo de antemano que los primeros que van a sufrir por esas decisiones, son los miembros de la familia.
Por eso, cuando se tiene noticia de que hay despidos en las dependencias gubernamentales, uno se pregunta. ¿Qué acaso, no es el Estado, quien tiene la mayor parte de la responsabilidad en el proceso de crear más empleos en lugar de reducir estas oportunidades laborales para los veracruzanos?
Si estamos equivocados, que por favor nos ilustren, porque bien se ha dicho que algunos trabajadores despedidos sin pagarles sus sueldos caídos, sin reconocerles su tiempo trabajado y por lo tanto merecedores de una indeminización, dependían del marco legal contractual dentro del cual estaban trabajando y que vencidas esas condiciones, el patrón, llámese en este caso el Estado, está en su derecho de despedir al trabajador.
Pero no, tan solo con negarles su quincena ya trabajada, con el pretexto de que no hay dinero, es además de inhumano, una especie de burla del poder y eso lleva a la demanda laboral, a la separación, incluso, del funcionario que lo hubiera ordenado, porque se atenta contra los derechos del trabajador y consecuentemente, de su familia.
Bien se tiene entendido que todo patrón está en el derecho de despedir a cualquiera de sus trabajadores, o a todos, incluso, cuando las condiciones así lo requieran, pero éstos despidos tendrán que ajustarse a lo que dicta la propia Ley Federal del Trabajo. Eso no lo negamos, pero si el patrón es el Estado, aparte de cometer un acto inhumano, esta cayendo en violación de los preceptos constitucionales, al no pagar ni siquiera la quince trabajada o las quincenas durante las cuales el trabajador hubiera estado a la disposición del patrón. Esto, por ahora, aparte del derecho que le asista al patrón, es inhumano, porque esta condenando al trabajador a regresar a su casa sin lo necesario para comer en ese día, que en todo caso, es lo principal y prioritario, aparte, desde luego del derecho que tiene a la salud y a otros beneficios que resultan ser como parte de los derechos humanos que ahora tanto se quiere proteger.
Esto ha estado sucediendo en algunas áreas de la administración estatal y si el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya lo sabe, como debe saberlo por ser el mandatario estatal, responsable del Poder Ejecutivo de la entidad, tiene que poner el remedio, echando atrás esta disposición emanada de su administración, de la cual, como hemos comentado, es el único responsable, sin negarle, desde luego, lo que ya hemos señalado en el sentido de que podrá el Estado, tener el derecho de poder despedir a sus trabajadores, desde luego, con plena justificación, pero en este momento de grandes carencias en los hogares y de una grave crisis económica que envuelve a todos los sectores de la población, insistimos, son actos que afectan los derechos humanos de todos los trabajadores que se encuentren en estas condiciones.
En lugar de despedir, la administración estatal, debería ponerse a trabajar para lograr mas empleo y darle trabajo a quien no lo tiene y no sabe como conseguir el sustento diario, de tal manera, que en lugar de privar a los trabajadores que ya se encuentran laborando, de su derecho a vivir con dignidad, que busque, hasta debajo de las piedras, como es común decir, cuando se tiene plena voluntad para hacer las cosas, el mayor número de empleos, llamando al sector privado, a los inversionistas, y a todos los que puedan contribuir para crear empleos, a una sola cruzada por el bien de Veracruz.
Despedir a trabajadores, insistimos, es inhumano, cuando se esta viendo y viviendo, una seria crisis económica en la entidad.
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AHORA SE NOS DICE que fueron tres personajes los que ordenaron el despido de treinta trabajadores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. A saber, la encargada técnica de esta dependencia Marisol de la Merced Jiménez ( le suena este apellido), Roberto Colorado Moreno, Jefe del Jurídico de esta misma instancia y Eva Herrera, jefa del departamento de recursos humanos.
El problema, al parecer, en que han caído estas personas, fue despedir a los trabajadores, pero sin reconocer, ni siquiera, la quince que habían laborado, menos alguna especie de liquidación.
Insistimos, no se descarta que estos trabajadores, estuvieran valorando bajo un contrato por tiempo determinado. Lo que hemos comentado ampliamente en esta columna, es el acto inhumano cometido, además de que no se ajustaron a las determinaciones de la ley federal del trabajo, al dejar de cubrir el tiempo ya trabajado por los despedidos.
Con derecho o sin él, el acto es inhumano y además represivo, porque hay indicios de que fueron obligados, a los que cedieron, a firmar de manera involuntaria su separación.
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HOMBRE CON MUCHA EXPERIENCIA en el quehacer público, Ricardo Olivares Pineda, resucita como Delegado Nacional del sector popular en Veracruz.
Esta es una buena noticia para los nuevos dirigentes del PRI estatal, pues contarán, sin duda, con un personaje que se ha hecho, precisamente, en el fragor de la batalla política y que es, además, considerado un político de grandes vuelos, aunque pocas posiciones políticas ha ocupado, pues como economista, su más reciente misión fue la de haber impulsado las acciones del Seguro Social de los Trabajadores, en Veracruz.
Olivares Pineda, no descansa desde entonces y por algunos meses se dedicó a encabezar el trabajo de la corriente crítica de su partido, por lo que ahora, es nombrado Delegado Nacional de la CNOP, desde donde, seguramente, habrá de ser parte de los esfuerzos que se hacen para rescatar al tricolor, en este nuevo intento de levantarse políticamente.
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Y EL LUNES, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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