Las irregularidades en las licitaciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Social están siendo documentadas.
Están bien identificados los servidores públicos a los que les resulta responsabilidad penal, no sólo por parte de la propia Sedesol, sino incluso al Órgano Interno del Control, y a la propia Contraloría General del Estado.
Algunos de ellos, al ser confrontados, saldrán con el argumento de que “cumplían órdenes”, con lo que tratarán de salpicar a sus superiores. El problema es que no pusieron atención y agraviaron a grupos muy cercanos a las más altas esferas de Morena.
Pero pueden estar tranquilos. No pisarán la cárcel, pues eso generaría la percepción de que también en los gobiernos de Morena hay corrupción. Serán removidos de su cargo, con la clásica “renuncia por motivos personales”.
Aquí les va una sola muestra de las irregularidades en las que han incurrido:
La empresa Icedsa Construcción envió a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz una carta en la que manifiesta su inconformidad por el fallo emitido en la licitación por invitación (SEDESOL-DGMCV-ICTP04-2019) para la construcción de cuartos dormitorios en los municipios de Chinampa y Chontla, que fue declarada “desierta”.
En primer lugar, la empresa constructora, que obtuvo 47 de los 50 puntos posibles en al evaluación de la propuesta técnica (se requerían sólo 37.5 puntos para considerarla “solvente”), se inconformó por la conclusión a la que llegó la dependencia, al afirmar que Icedsa Construcción “no considera la compactación por medios mecánicos al 95% al Proctor”.
La empresa concursante hace notar en su queja que dentro de la tarjeta de análisis de precio unitario del concepto con Clave PRE-4 se emplea dicho concepto: “Suministro, colocación, compactación de material mejorado para desplante de losa de cimentación de 30 cm., compactada en dos capas de 15 cms. Incluye material puesto en obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución PUOT” y se incluye un compactador de placa vibratoria (bailarina) Wacker motor Honda de 5.5 hp.
No había, pues, razón para descalificar la propuesta económica.
El truco es burdo.
El Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados menciona que la invitación a cuando menos tres personas, “se realizará cuando se rebasen los montos señalados en el Presupuesto de Egresos para la adjudicación directa, siempre y cuando no se exceda de los señalados en ese ordenamiento para la licitación pública”.
Pero ese mismo Artículo advierte en su último párrafo:
“En caso de que en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no se presente ninguna proposición, o las presentadas sean desechadas, se procederá a una adjudicación directa”.
Esa es la única razón para descartar, en el ejemplo anterior, a la empresa “Icedsa Construcción”.
Y ese es sólo un ejemplo.
La semana pasada fueron declaradas desiertas cuatro “licitaciones por invitación” con argumentos absurdos y, por su puesto, falaces.
El 9 de mayo se envió la invitación vía correo electrónico, previa llamada telefónica para confirmar los datos de la empresa; el 3 de junio se realizó la “visita de obra”, en la que los supervisores internos dieron una explicación muy superficial de los alcances de la obra, pues carecían de la lista de beneficiarios del programa.
El 4 de junio se llevó a cabo la junta de aclaraciones en las oficinas de Sedesol. El 7 de junio se celebró el acto de apertura de propuestas, tanto técnicas como económicas, con la participación del Órgano Interno de Control (OIC).
El 13 de junio se tendría que dar a conocer el fallo, pero se les informó a las empresas invitadas que no se daría ese día “porque estaban muy atrasados en la revisión de las propuestas”.
Ese mismo día por la tarde se les envió el oficio que anunciaba la postergación del fallo.
El 17 de junio, la nueva fecha para dar a conocer el fallo, ya se escuchaban rumores de que había una instrucción para que se declarara desierta la licitación. Durante la junta se confirmaron esos rumores.
Un botón basta de muestra, los demás… a la camisa.
* * *
Epílogo.
El pasado fin de semana concluyó el proceso de capacitación de los aspirantes a ocupar las 15 plazas de jueces mixtos de primera instancia (denominados “Microrregionales”) dentro del concurso interno de oposición que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura del Estado. En su última sesión participaron en un taller sobre habilidades personales impartido por la Maestra Gloria Jéssica Vázquez Rebolledo, integrante de la Central de Visitaduría Judicial. *** El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, expresó que habrá la misma transparencia y certeza del proceso de selección de los jueces familiares. *** La siguiente etapa del concurso de oposición consistirá en la aplicación de exámenes teórico y práctico a los aspirantes, para determinar quiénes habrán de ocupar las 15 plazas de jueces microrregionales. Dichos juzgados estarán localizados en Uxpanapa, Minatitlán, Isla, Las Choapas, Tierra Blanca, Nogales, Tezonapa, Naolinco, La Antigua, Perote, Medellín, Martínez de la Torre, Álamo-Temapache, Pueblo Viejo y Coyutla. *** La Fiscalía General de la República solicitó la revocación de la “calidad de víctima” otorgada a la Organización No Gubernamental denominada “Tojil Estrategia”, en el proceso contra Javier Duarte. *** La Visitaduría General de la FGR y la Delegación de la Fiscalía en la Ciudad de México concordaron que fue un error del juez federal conceder este reconocimiento a dicha asociación, por lo que presentaron recursos de revisión para rebocar dicha atribución. *** “Tojil Estrategia Contra la Impunidad” solicitó ser reconocida como víctima de los delitos del gobierno de Javier Duarte, para acceder al expediente y tener una incidencia directa en las diligencias. Tras ser negada esta petición, sus abogados recurrieron a una demanda de garantías y consiguieron que Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, les concediera la calidad de “víctima de corrupción”, lo que está siendo combatido por la FGR.
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