A pesar de ello, el dengue repunta en 266% a nivel nacional.
Y no son cifras inventadas por este reportero, son datos duros recabados por la propia Secretaría de Salud a través de sus reportes semanales de Epidemiología.
Los casos confirmados pasaron de 5 mil 10 a 18 mil 320 al corte de la última semana epidemiológica registrada en estadísticas oficiales.
La crisis se acentúa cuando se analiza el reporte de casos graves, pues como se afirma por parte de los expertos los signos de alarma crecen, al pasar de 2 mil 167 a 5 mil 140.
El tema no es menor, y se confirma cuando se analiza el número de muertes por esta enfermedad que también paso de tener 31 casos a 43, según cifras de la misma Secretaría de Salud Federal.
El 72 por ciento de los casos se han registrado en Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, conforme los registros de la Dirección de Epidemiología.
Veracruz como ya se ha hecho costumbre, encabeza la lista de entidades con mayor número de personas afectadas con 5 mil 267, que comparado con el mismo periodo del año anterior tuvo un incremento astronómico, pues para la misma fecha del 2018, los casos registrados eran tan solo 913.
Si la cifra porcentual de Veracruz, rebasa por mucho a la media nacional, aquí la incapacidad gubernamental provocó que el dengue se incrementara en 477 por ciento y dos muertes confirmadas.
La severa irresponsabilidad del gobierno ha quedado de manifiesto al aceptar y reconocer que en este año la administración federal de la 4T realizó la compra de insecticidas para la fumigación con tres meses de retraso, ya que fueron adquiridos en agosto y no en mayo, como ocurría en las pasadas administraciones.
¿Cuál fue la justificación?, ¿Debe abrirse de inmediato una investigación por negligencia médica?, ¿Debe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico intervenir e interponer una investigación con sus consecuentes sanciones, por tan negligente actuación?
La realidad es que si, pues nada justifica el majadero actuar del gobierno federal en un tema tan delicado como lo es el dengue.
El cobro de vidas y el incremento abismal de casos producto de la negligencia, disfrazada de obcecada transparencia, resulta ser un signo grave de corrupción.
Jamás y nunca se deberá permitir que un gobierno por muy transparente e impoluto como se afirma manejar el gobierno del presidente López Obrador ponga en riesgo a la población, sabedores del tamaño de pandemia que se puede provocar por incapaces, inexpertos e irresponsables.
En puerta se avizora ya una crisis más grave y peor aún, como lo es el que se está originando por la falta de compra de vacunas, un asunto no menor, que el gobierno mexicano logro controlar –en pasadas administraciones- mediante un 95% de cobertura, con su esquema universal de vacunación.
Y es que médicos especialistas, comienzan a señalar el retraso en la autorización de ingreso de muchas de estas, mismas que llevan seis meses retenidas en las aduanas del país, por la cerrazón del gobierno y sus funcionarios.
Enfermedades que habrían sido controladas como el mismo sarampión y otras más, pudieran reaparecer, por esta estúpida y absurda negligencia.
Al tiempo.
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