Han transcurrido más de diez meses desde el último reclamo de los ganaderos organizados de ambas naciones quienes llevan dos décadas de merma en la producción y suministro al mercado nacional de ganado legal y sin enfermedades, ante el embate ilegal de reses –la mayoría enfermas de tuberculosis y brucelosis- procedentes de Honduras.
Ello ha dado lugar a que una empresa multinacional –Sukarne- acapare el mercado de carne enferma a bajo precio que tienen inundado el consumo nacional.
El diputado local Juan Carlos Molina, al frente de la representación que ostenta, regresa este fin de semana de una reunión en Villahermosa, que encabezó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a atender el asunto del tráfico ilegal de ganado, ya que es “un tema de seguridad nacional”.
Los ganaderos afectados han hecho eco de la falta de atención de las autoridades federales que no han podido o querido contener el contrabando del ganado para consumo humano “que entra en balsas a México por el río Usumacinta”.
Molina ha reiterado ante las autoridades y la propia opinión pública que “Las cabezas de pie se comercializan mucho más baratas para una cadena que se encarga de la distribución final, pero representan un alarmante riesgo sanitario porque no cumplen con las medidas de supervisión”.
En efecto, se coincide entre el gremio ganadero que existe una mafia bien apadrinada desde las más altas esferas oficiales que se beneficia con el dinero del tráfico y venta de certificados de garantía para hacer creeré que cumplieron con las normas nacionales de salubridad.
No es así.
En la edición del pasado sábado, el diario de circulación nacional “El Heraldo”, reseña a través de su enviado especial, que “en un video en nuestro poder, vemos el aparcamiento de una larga balsa en la orilla del Usumacinta, del lado del municipio del Benemérito de las Américas, en Chiapas”.
“Una a una las reses empiezan a descender. En este desembarco son más de 60 animales y en fila india son guiadas a su nueva morada. En poco tiempo esas reses terminarán nacionalizadas y con un arete (una placa matriculada) en la oreja expedida por la Comisión Nacional de Organizaciones Ganaderas de la Secretaría de Desarrollo Rural para incorporarse al mercado regular”.
Y ese negocito “¿sabes cuánto deja cada año?”, pregunta y responde Juan Carlos Molina.
“¡Dos mil millones de pesos!”.
Es por ello que los ganaderos de toda la república exigen al presidente López Obrador detenga el ingreso ilegal por Centroamérica de un millón de cabezas de ganado, al tiempo que anuncian la creación de un frente común contra esta práctica en donde están metidos funcionarios de gobierno, agentes aduanales, la policía y el ejército.
“Debe detenerse el tráfico ilegal de ganado que solo beneficia a “Sukarne”, la principal procesadora de carne enferma del país.
Es “el negocio del siglo” que deja al año no menos de dos mil millones de pesos ya que quienes permiten la introducción ilegal de un millón de cabezas ganado enfermo en la mayoría de las veces, cobran 2 mil pesos por res”, insiste Molina.
Este contrabando ha encendido asimismo los focos rojos en la embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Christhoper Landau, porque el producto pirata también estaría siendo exportado a la Unión Americana.
Ya Washington está en el tema y copia de la documentación está en poder de Juan Carlos Molina.
“Y en la Cámara de Diputados ya se hizo público un punto de acuerdo donde se llama al gobierno de López Obrador a intervenir… ¡la cosa es que lo haga!”.
Tiempo al tiempo.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo
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