De pronto, los legisladores que integraban la efímera “bancada rebelde” del PAN entendieron que más allá de aquel difunto abandonado en las calles de Alto Lucero, atrás del juicio de procedencia en contra de Éric Aguilar estaba su propia supervivencia, la posibilidad de tener algún peso –más allá de lo simbólico- en las decisiones del actual Congreso.
Y de pronto resulta que Omar Miranda “no es tan mal coordinador”, y “el chapito” tampoco es tan mala opción al frente de su partido. De pronto se dieron cuenta que siempre serán preferibles las incomodidades del hogar propio, que la soledad que se siente en casa ajena.
Por esa forma tan “populachera”, muy pocos le vieron a Érick Aguilar posibilidades de trascender en el quehacer legislativo, pero cuando no se cumple aún año y medio de su gestión, hoy es factor en las decisiones más trascendentes dentro del juego político de la actual Legislatura.
Érick Aguilar acudió puntual a su cita con la Comisión Instructora para responder a las interrogantes que se presenten durante el proceso de análisis de la solicitud de juicio de procedencia, presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
Lo hizo arropado, jurídicamente, por el abogado Juan José Rivera Castellanos, quien fungiera como secretario general en la LXIV Legislatura y ahora asesora al grupo que encabezan los panistas María Josefina Gamboa y Sergio Hernández.
Serán ahora los diputados de Morena Víctor Emmanuel Vargas Barrientos (Presidente) y Jessica Ramírez Cisneros (Secretaria), así como el panista Enrique Cambranis Torres (Vocal), quienes integran la Comisión Instructora, quienes definan en qué sentido se emite el dictamen, que deberá ser sometido al Pleno de la Legislatura, en una sesión extraordinaria que podría tener lugar la próxima semana.
Por lo pronto, este miércoles esa misma comisión se habrá de reunir para elaborar el dictamen sobre otros juicios de procedencia, los solicitados contra el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y la síndica del mismo ayuntamiento, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, ambos de extracción panista, de quienes el propio dirigente partidista en la entidad, Joaquín Guzmán Avilés, ha advertido que se les apoya con asesoramiento jurídico, pero que los ediles deben demostrar que se hizo buen uso de los recursos públicos asignados a ese municipio.
Ya para la votación de estos dictámenes –como sucedió este martes en el tema del informe del Orfis sobre la Cuenta Pública 2018- los diputados panistas habrán de votar en bloque, una cifra nada despreciable de 13 legisladores, más el de un agradecido Érick Aguilar, que volverá a su condición de “independiente”.
Al final, de todas formas son buenas noticias para el grupo mayoritario, el de Morena, y su coordinador, Juan Javier Gómez Cazarín. Siempre será más fácil construir acuerdos con Omar Miranda, que con Sergio Hernández, quien cumplía a rajatabla la consigna de oponerse a cualquier propuesta de los de color guinda.
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Epílogo.
La encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans llevó hasta el Consejo Estatal de Seguridad Pública -que fue presidido, en sesión extraordinaria, por el Gobernador Cuitláhuac García- su queja por el desempeño de la Juez de Control, Dulce María Mendoza Rojas, quien se negó a vincular a proceso y dejó en libertad a cuatro personas capturadas por la Policía Ministerial. *** A la sesión del Consejo asistió también la Magistrada Presidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, quien tomó nota de la solicitud para que el Consejo de la Judicatura investigue el caso. *** El procurador del Medio Ambiente Sergio Rodríguez denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al extitular de esa dependencia, Ricardo Colorado Alfonso. El exdirigente perredista explicó que su antecesor, en colusión con el sindicato que reclama su toma de nota, buscó que tres personas se adhirieran para conservar su trabajo en la dependencia, pero falseando la información.
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