Llamó la atención la nota publicada este lunes por el periódico “Reforma” (ese que trae una abierta confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador), en la que se refiere a las entidades federativas que han tenido que recurrir a la contratación de deuda pública para solventar los recortes que les ha hecho el gobierno federal.
Este medio de comunicación explica que durante 2019 las transferencias federales a los estados cayeron 4%, por lo que los gobiernos tuvieron que recurrir a créditos rápidos con el sistema bancario para cubrir gasto corriente de operación que antes resolvían con recursos centrales.
“Se trata de créditos de corto plazo, generalmente a un año, que se usan para cubrir gasto corriente de operación y que no requieren aprobación del Congreso”, explica el reportaje de Reforma.
El año pasado los Gobiernos estatales contrataron 32 mil 359 millones de pesos de deuda de corto plazo, lo que representó más de ocho veces lo contratado en el 2018 (que fueron 3 mil 413 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda).
El mismo trabajo periodístico señala que el estado que más créditos de corto plazo contrató fue Veracruz, por un monto de 4 mil 500 millones de pesos. El segundo lugar lo ocupó Chihuahua, con 3 mil 650 millones, y el tercero fue el Estado de México, con 3 mil millones de pesos.
Y la nota advierte: “Los ingresos propios de los gobiernos estatales no han sido suficientes para compensar las menores transferencias federales”.
No es, sin embargo, la única razón. En los casos de Veracruz y Chihuahua, se trata de dos de las entidades federativas que más padecieron la gestión de gobiernos corruptos que dejaron vacías las arcas y deudas impagables.
En octubre del 2019, al anunciar la mejora de la calificación crediticia del estado de Veracruz, la empresa Fitch Ratings explicó que los ingresos propios (conseguidos a través de impuestos locales, productos y servicios) han representado, en promedio de los últimos cinco años, menos del 10% de los ingresos operativos del Estado. Por su parte, las participaciones (Ramo 28) y las aportaciones federales (Ramo 33 sin considerar el F-III y F-IV) conforman el resto, con un promedio de 89.8%.
La calificadora percibía, sin embargo, que se estaban tomando medidas por parte del gobierno estatal para remediar esta disparidad:
“La flexibilidad de Veracruz para incrementar sus ingresos se concentra, principalmente, en su base amplia de contribuyentes, donde se están implementando mecanismos para disminuir el rezago y la morosidad a través de campañas de regularización, acercamiento con el contribuyente y de actualización de padrones. De igual forma, se están llevando a cabo programas con el objetivo de incrementar la recaudación de derechos, licencias y permisos a través del uso de controles y de tecnología, entre otros”.
Si los ingresos federales disminuyen y no es posible suplirlos con ingresos locales, lo conducente es trabajar en la reducción del gasto operativo.
Desde la óptica de Fitch Ratings, Veracruz está haciendo su tarea:
“La administración está implementando políticas de control y monitoreo del gasto sustentado en un marco normativo local a través de la Ley de Austeridad, la Ley de Planeación y la Ley de Remuneraciones. El objetivo central es hacer eficiente y reorientar el uso de los recursos hacia áreas prioritarias como desarrollo social, seguridad pública, infraestructura y turismo”.
El artículo de Reforma advierte que aunque los intereses y el costo financiero de la deuda para los estados se ha reducido por la baja en las tasas líderes que anuncia el Banco de México, los estados no han podido capitalizar a su favor esa medida.
“Lo que se han ahorrado en tasas de interés, se pierde con la contratación de deudas de corto plazo”, explicó Roxana Muñoz, analista subnacional de Moody's.
Veracruz ha tenido que recurrir a los créditos bancarios de corto plazo para cubrir sus obligaciones inmediatas, por lo que en el presente año deberá mejorar su eficiencia en la recaudación y ser más eficaz en el control de gasto, tareas en verdad complicadas.
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Epílogo.
No hay, realidad, ninguna novedad en lo informado este lunes por el gobernador Cuitláhuac García, quien “sugirió” que los enfrentamientos entre policías y delincuentes en Huatusco y Córdoba ocurridos el pasado fin de semana, “podrían ser” una respuesta a la detención de líderes de plaza en esa zona y el aseguramiento de una bodega con al menos 16 vehículos de lujo con reporte de robo que se registró hace unos días en la comunidad de San Aparicio Buena Vista. *** “Una de las líneas que estamos observando es que incrementamos los operativo y les doy el origen: hubo un evento extraño en el que se robaron varias camionetas de lujo y las encontramos en una bodega y tomamos decisiones operativas de seguridad, pero el grupo que estaba detrás de eso se enojó de que no los dejáramos actuar”. *** Algo parecido, pero más contundente, había sido informado por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien expresó su pesar por los policías que cayeron abatidos por las balas de los delincuentes. *** Sacudieron el avispero y, como consecuencia de ello, obtuvieron una respuesta violenta de las bandas criminales. Lo que toca es hacer frente a estos grupos y demostrarles que en Veracruz hay mando y control. *** No es de extrañar que el diputado local Rubén Ríos Uribe esté pidiendo al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y a la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, que investiguen la inversión del Ayuntamiento de Córdoba en materia de seguridad pública, principalmente en la construcción de las dos torres de vigilancia, que no fueron capaces de proteger a los policías del ataque de los grupos delictivos. *** Y digo que no es de extrañar este reclamo, porque Rubén Ríos Uribe trabaja ya, con la venia de sus jefes políticos, en la construcción de su candidatura a la alcaldía de Córdoba. Cobijado por el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, el actual Presidente de la Mesa Directiva del Congreso sostiene frecuentes reuniones con grupos políticos del aquel municipio, que hoy es gobernado por una panista. *** Lo cierto es que sí es importante que se revise el destino que tuvieron los recursos que para la seguridad pública recibió el Ayuntamiento de Córdoba, pero la exigencia pierde legitimidad cuando detrás de ella hay un interés político, como es el caso de Ríos Uribe.
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