“El nueve, ninguna se mueve”.
Es la frase con la que se está convocando a todas las mujeres de México a protestar por la violencia de género, cesando toda actividad productiva. Se trata de traducir esta protesta en “un día sin mujeres”.
Nadie en su sano juicio podría cuestionar la legitimidad del reclamo. Acaso lo que se cuestione es si las acciones propuestas son las adecuadas para aportar algo en la lucha para erradicar la violencia contra el sector femenino del país.
La expresión de la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, en su cuenta de Twitter, resume con estricto rigor la motivación de esta manifestación:
“El 9 de marzo del 2020 no es un día de asueto, es un día de paro, de protesta, una jornada para ausentarnos y hacer notar nuestra importancia y visibilizar la violencia ejercida diariamente contra nosotras, misma que debe atenderse de manera inmediata”.
Estos son momentos en los que la sociedad mexicana en general (no sólo las mujeres) está especiamente sensible sobre este tema, luego que se dieran dos casos que tuvieron gran resonancia en redes sociales y, como consecuencia de ello, ganaron amplias coberturas en los medios de comunicación.
Primero fue el asesinato y descuartizamiento de la joven Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, que se agudizó al momento en que redes y medios hicieron públicas, sin rubor alguno, las fotografías de los restos de la víctima.
Este crimen se dio, además, en momentos en los que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero sugirió la eliminación del delito de feminicidio del Código Penal Federal, con el argumento de la “falta de claridad en su tipificación”.
La indignación alcanzó aún más altos niveles, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, durante una de sus conferencias de prensa matinales, que se hablara menos del caso de Ingrid Escamilla, pues eso le restaba reflectores al tema que él pretendía imponer, que era la rifa (simbólica) del avión presidencial.
Todavía seguían las manifestaciones de protesta por ese caso, cuando se dio la desaparición de la niña Fátima Cecilia Aldriguett Antón, de escasos 7 años de edad y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida.
En ambos casos los responsables ya fueron capturados y se encuentran enfrentando sus procesos judiciales, pero eso no reduce las expresiones de protesta y la exigencia por parte de diversos grupos civiles, de que se apliquen políticas públicas más concretas para atender el problema de la violencia contra la mujer.
La especialista Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza, al analizar el debate abierto por Gertz Manero sobre el feminicidio, explica que esta expresión fue acuñada (“femicide”) por Diane Rusell, activista y escritora feminista, quien lo utilizó en una declaración en un Tribunal de Crímenes contra Mujeres en 1976, y lo definió como “el asesinato de una mujer por un hombre por el hecho de ser mujer”.
Sobre el planteamiento del titular de Alejandro Gertz, la especialista Orizaga Inzunza se plantea:
“… ¿a qué falta de claridad se refiere el Fiscal General de la República sobre el delito de feminicidio? La reacción lógica es que quizá la duda del Fiscal General no sea sobre la claridad de la tipificación del feminicidio, sino cómo garantizar investigaciones eficaces y con perspectiva de género que permitan castigar este crimen. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta, por ahora, forma parte de su misión y responsabilidades al frente de la Fiscalía General de la República”.
Mientras tanto, la reacción de los llamados “representantes populares” ha sido la usual para estos casos: Incrementar las penas de cárcel para quien cometa feminicidio, lo que –ha quedado demostrado- no reduce la incidencia de ese delito.
Datos de INEGI arrojan que de 2015 a 2018, periodo en el que se han modificado varios códigos penales estatales para agravar las penas de feminicidio, la cifra de mujeres asesinadas a nivel nacional se ha disparado 57%.
De los 32 estados del país solo hay cuatro en los que los asesinatos de mujeres descendieron de 2015 a 2018: Sinaloa, Sonora, Chiapas y Coahuila, y casualmente en ninguna de dichas entidades se han elevado las sanciones para el delito de feminicidio.
No sólo eso. Las entidades con más asesinatos de mujeres son las que tienen las penas más altas de feminicidio. En el Estado de México la sanción máxima es de 70 años de prisión, y de 2015 a 2018 fueron asesinadas mil 752 mujeres.
Chihuahua y Guanajuato son la segunda y tercera entidad con más mujeres asesinadas y ahí las penas de feminicidio alcanzan los 60 años de prisión. Jalisco y Veracruz, entidades con altas cifras de mujeres asesinadas, también reportan penas que llegan a los 70 años de cárcel.
¿Marcha, paros, manifestaciones de protesta?
Si, pero más que eso, lo importante es la exigencia firme, sin concesiones, a nuestras autoridades, para que tomen en serio este problema, que ha sido calificado como una pandemia global por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Epílogo.
La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad puso en servicio en Xalapa el módulo de atención y registro del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y anunció que se aumentó el monto del apoyo que se les otorga, que era de tres mil 600 pesos mensuales y ahora será de tres mil 748 pesos. La dependencia federal invitó a las micro, pequeñas y grandes empresas para inscribirse como tutores y capacitar en sus centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. *** El doctor Tomás Mundo Arriasa asistió a la conferencia magistral ofrecida por el especialista Edgardo Buscaglia, con el tema “Análisis Jurimétrico de la Delincuencia Organizada y del Terrorismo Internacional”. Bien.
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