La Dirección de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), órgano que respalda la toma de decisiones en el Senado de la República, publicó lo que, desde un análisis detallado del problema, veía venir a partir de la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19.
“La evolución de la epidemia en México podría incrementarse por las condiciones socio económicas del país (…) actualmente 20.2 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud; 24.7 millones no cuentan con servicios básicos en su vivienda y 25.5 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y adecuada. Los rezagos en el desarrollo nacional, pero también las deficiencias institucionales del sistema de salud, configuran un entorno de vulnerabilidad que podría facilitar el comportamiento de la epidemia y la saturación de los servicios de salud”.
El estudio fue titulado “Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19” y fue elaborado por Jesuswaldo Martínez Soria, María Concepción Torres Ramírez y Ernesto David Orozco Rivera.
Ya desde entonces, cuando se daban los primeros casos de esta infección en el país, este estudio advertía sobre el impacto que tendría en nuestra economía:
“El desempeño de la economía actual del país configura un entorno poco favorable para encarar los efectos que provocará la epidemia del coronavirus, por la fragilidad en el dinamismo productivo reciente y por la limitada capacidad de respuesta que tendrá la política fiscal para soportar los desequilibrios derivados de la desaceleración y de la incertidumbre en los mercados de bienes y servicios. Esta situación se verá aún más afectada si se confirman las perspectivas negativas en el crecimiento de la economía mundial, en particular la de los Estados Unidos”.
El documento advierte, además, sobre las erróneas políticas económicas del gobierno federal y su impacto en estos momentos de crisis:
“Con el estancamiento en el crecimiento económico que se registra en México desde el tercer trimestre de 2018, se perfila una situación de expectativas desfavorables para el desarrollo nacional, pues se han debilitado las cadenas de producción, la exportación, la inversión y el empleo, a lo que se suman los desequilibrios recientes sobre el tipo de cambio, los precios del petróleo y las caídas en la bolsa de valores. Este escenario se traduce en restricciones presupuestales, tanto en la capacidad para generar ingresos públicos como en las consecuentes reducciones al gasto. Asimismo, la consolidación de la política ortodoxa de disciplina fiscal que impide el endeudamiento del Estado y la aplicación de medidas anticíclicas, terminan por aumentar la fragilidad económica sobre la que va a impactar la epidemia del coronavirus”.
Y ya estamos viviendo lo que nos anticiparon.
Este miércoles la secretaria del Trabajo del gobierno federal Luisa María Alcalde Luján y el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informaron que entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo afiliados al IMSS a nivel nacional.
En ese escenario, Veracruz ocupa la posición número 11 entre las entidades que más empleos afilados al IMSS han perdido a consecuencia de la emergencia sanitaria.
En esta entidad, en el mismo lapso del 13 de marzo al 6 de abril, se han perdido 10 mil 448 puestos de trabajo, y esa cifra se refiere exclusivamente a trabajadores que estaban afiliados al Seguro Social. No consideran, porque no tienen la información, todos aquellos que tienen “empleos informales” y que también perdieron su única fuente de ingresos.
Llama la atención que durante ese período, uno de los patrones que más empl,eados despidió fue… el gobierno del estado de Veracruz.
Y es que el primero de abril el gobernador Cuitláhuac García emitió un decreto para extinguir el Organismo Público Desconcentrado (OPD) denominado “Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud”, que había sido creado durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
La medidas tomada por el actual gobierno estatal tuvo como fin incorporar a Veracruz al Instituto de Salud para el Bienestar, lo que provocó el despido del personal contratado en la administración anterior y que estaba sectorizado a la Secretaría de Salud.
El decreto estableció que los recursos humanos no se transferirían a ninguna otra área, por lo que, al haberse extinguido el OPD, “los derechos y obligaciones que en su caso subsistan con el personal a la fecha del presente, deberán atenderse y concluirse por parte de la Comisión de Liquidación”.
Y son ellos los que convocan a los empresarios a “apretarse el cinturón”, cerrar sus empresas, pagar los salarios a sus empleados y no despedirlos.
Es la misma actitud de aquel que llama a los mexicanos a quedarse en casa, a cuidar “su sana distancia” y se la pasa de gira, saludando de beso y abrazo a todo el que se le acerca.
Es el mismo que aclaró, la mañana de este miércoles, que la pérdida de 346 mil empleos representa “apenas el 1.7 por ciento” y que de todas formas él ya tiene contemplado crear dos millones de empleos entre los meses de mayo y diciembre del presente año.
¿Entenderán el significado de la palabra “coherencia”?
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Epílogo.
Y a propósito de afectaciones por la emergencia sanitaria, tianguistas, meseros y artesanos se manifestaron en la plaza Lerdo y frente al Palacio Municipal para demandar apoyos económicos, en especie o trabajos temporales, para sobrevivir a la crisis económica generada por el coronavirus Covid-19. Coincidieron en que la suspensión de actividades “no esenciales” ha obligado a parar a quienes se dedican a la venta de diversos productos en los tianguis, así como meseros acostumbrados a trabajar en eventos privados, y artesanos que viven de lo que ellos mismos crean. Para ellos no tiene respuestas el gobierno estatal. *** Este miércoles la Fiscalía de Veracruz consiguió que un juez de control decretara el auto de vinculacióin a proceso para los elementos de la Policía Municipal de Hueyapan de Ocampo, que son señalados por los delitos de homicidio doloso calificado y abuso de autoridad. Se trata de cuatro policías municipales (un comandante y tres de sus elementos) que fueron detenidos el pasado primero de abril, acusados de retener y golpear a Genaro García Cruz, el 12 de marzo, quien perdió la vida producto de las lesiones que le causaron los uniformados. El juzgador les dictó prisión preventiva oficiosa y dio un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria.
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