Este lunes el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, dio a conocer que el próximo jueves se habrán de elaborar las convocatorias para la designación de los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Anticorrupción, las que serían sometidas a la opinión de los diputados el próximo sábado.
Ya lo habíamos anticipado aquí. Los tiempos para emitir la convocatoria para la selección del nuevo Fiscal General ya se vencieron, pero se justifica el retraso por la contingencia sanitaria que estamos enfrentando.
Y contrario a lo que se pudiera esperar, el debate hoy no es acerca del perfil idóneo para ocupar la titularidad de ese órgano autónomo (la Fiscalía General) sino la conveniencia (o no) de ratificar en el cargo a quien hoy funge como “encargada del despacho”, la abogada Verónica Hernández Giadans.
El perfil de la servidora pública es el más bajo entre quienes han ostentado esa responsabilidad. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con cédula profesional expedida en 1995 y su experiencia previa se ubicaba en los ramos del derecho notarial, tributario, civil y administrativo.
Vamos, hasta el imberbe exfiscal, hoy prófugo de la justicia, Jorge Winckler Ortiz, mostraba en su curriculum más luces en los temas que tuvo que atender al frente de la Fiscalía, pues tras egresar de la carrera de Derecho por la UNAM, obtuvo una maestría en Derecho Procesal Penal y otra en Derecho Corporativo.
El bajo perfil académico y de experiencia profesional por parte de Verónica Hernández se soslayó al momento de su designación, porque se trataba de un cargo temporal, de una circunstancia fortuita, que debido a la lentitud con que se resolvió la salida definitiva de Jorge Winckler, se prolongó ya por ocho meses.
Pero llegó el momento de seleccionar de entre los profesionales del derecho de Veracruz, a una persona que tenga la formación y la experiencia que requieren para tan alta responsabilidad.
Hay un sector bien identificado al interior del gobierno estatal que se ha dado a la tarea de “cabildear” la ratificación de quien hoy está encargada del despacho, pero sus argumentos se desvanecen.
Alegan que las cifras de incidencia delictiva han mejorado desde su llegada, lo que en principio es falso, pero además en poco -si no es que en nada- influye el desempeño de la encargada del despacho para mejorar en esos rubros.
De enero a marzo del presente año, en Veracruz se han registrado 25 feminicidios, lo que ubica a la entidad como la segunda por cifras globales de este delito en el país. En los primeros tres meses del año, Veracruz registra cifras muy similares en los casos de homicidio: 174 en enero, 161 en febrero (el mes más corto) y 164 en marzo. Lo mismo sucede con los casos de secuestro: 17 en enero, 15 en febrero y 16 en marzo.
Cuando Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, habló de una mejoría en el combate al secuestro en Veracruz (en una conferencia mañanera con el Presidente López Obrador a un lado) se refirió a que esa circunstancia coincidía en tiempos, con la salida de Jorge Winckler, pero nunca le atribuyó ese mérito a Verónica Hernández.
Uno de los más severos estigmas que le atribuía el actual gobierno estatal a Jorge Winckler, era su presunta vinculación con bandas de la delincuencia organizada, a las que habría protegido archivando múltiples órdenes de aprehensión que giraban jueces contra sus cabecillas. No hay hasta la fecha ninguna denuncia en su contra por ese tema.
Sin embargo, la actual encargada de despacho admitió durante su comparecencia al Congreso local que una familiar muy cercana, una prima hermana, Guadalupe Hernández, conocida como “La Jefa” es señalada de formar parte de un grupo criminal que opera en el sur del estado. Para las autoridades estatales eso fue un tema menor.
Pero es en el combate a la impunidad donde la Fiscalía presenta en estos momentos sus más graves rezagos. No han podido dar con el paradero de Jorge Winckler, de Marcos Even Torres, ni de Luis Eduardo Coronel. Tampoco ha sido resuelto el asesinato del dirigente agrario Juan Carlos Molina.
Dieron por concluido el expediente iniciado en los tiempos de Jorge Winckler, por la comisión de diversos actos ilícitos en el DIF estatal, en los tiempos de Javier Duarte, y solicitaron órdenes de aprehensión contra 25 personas… pero sólo capturaron a los “peces chicos”.
Hoy Antonio Tarek Abdalá, Astrid Elías Mansur y Víctor Manuel López Gachuz, los operadores de ese fraude por varios cientos de millones de pesos, ya están enterados de que hay órdenes de aprehensión en su contra y no han sido localizados.
Formación académica, capacidad, experiencia, independencia de criterio y honorabilidad comprobada. Esos son los requisitos que deberá cumplir el próximo Fiscal General de Veracruz.
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Epílogo.
La tarde de este lunes sujetos armados emboscaron y asesinaron de varios disparos a Raúl Téllez de la Sancha, fiscal quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Acayucan. *** Cerca de las 6 de la tarde la víctima caminaba por la calle Miguel Hidalgo entre Benito Juárez y Dehesa de la colonia La Palma, en Acayucan, cuando fue interceptado por un grupo armado que le disparó con armas largas. En el sitio fueron localizados al menos 30 casquillos de grueso calibre. *** El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía Zegarra, informó que hasta este lunes suman mil 434 fallecimientos a causa de Covid-19 en el país, así como 15 mil 529 casos positivos. Informó, además, que desde el inicio de la epidemia en el país han sido estudiadas 71 mil 103 personas. *** El funcionario dio a conocer que en las últimas dos semanas se redujo en un punto porcentual (a 39%) el número de casos de Covid-19, “lo cual continúa diciéndonos que la pandemia se sigue contrayendo”.
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