La autonomía de las instituciones de educación superior sólo puede entenderse como la resultante jurídica constitucional de la reflexión histórica y prospectiva de su funcionamiento. Para darnos una idea de la magnitud del desarrollo del fenómeno educativo en el nivel superior, recordemos que José Díaz Covarrubias, en su libro “La Instrucción Pública en México”, publicado en 1875, registraba en el orden nacional un total de 54 escuelas de instrucción preparatoria y profesional, de las cuales, por cierto, cuatro se localizaban en Veracruz: la de Estudios Preparatorios, de Jurisprudencia, Medicina y Conservatorio de Música. De entonces a la fecha, en el nivel de la educación superior se da un desarrollo sostenido de las instituciones públicas y, a partir de 1940, el acento repara singularmente sobre las de naturaleza privada, observándose en las últimas décadas un vertiginoso crecimiento de ambos tipos de instituciones educativas. En 1980, pasado casi un siglo, existían 230 instituciones de educación superior en el territorio nacional, entre públicas y privadas, con una matrícula de 811 300 alumnos. Y, tan sólo cuatro años después, el número de las instituciones subió a 279, de las cuales 154 eran públicas y 125 privadas que, en 1985, conjuntamente, representaban una matrícula de 1,123,700 alumnos. Al cierre del siglo XX, se tenía un total de 1,250 escuelas de educación superior (515 públicas y 735 privadas), con una matrícula de más de 1,800,000 alumnos, de los que el 27 %, es decir, más de 500 000 alumnos, eran atendidos por las instituciones privadas. En Veracruz, para el mismo año se registraba la existencia de 96 instituciones de educación superior, de las cuales 35 eran públicas y 61 privadas: hoy día, tenemos un censo de 681 universidades públicas y 971 privadas (1,652, en total). Concluyentemente, en términos continentales se da la realidad de una mayor y sostenida participación de las instituciones privadas en la educación superior, intensificado durante los últimos 30 años con el crecimiento sostenido de la matrícula escolar. Al igual que en el contexto nacional, es indudable que en los Estados resulta clave el estudio longitudinal y transversal de la cantidad y calidad de los servicios educativos en el nivel superior, pues el conocimiento de las series históricas y actualidad de la matrícula permite la obtención de índices de cobertura educativa, sobre todo del grupo de población de 18 a 25 años de edad, así como el análisis de la eficiencia terminal del subsistema basado en la relación ingreso-egreso, capacidad de retención escolar y, por supuesto, la previsión de situaciones futuras de demanda de servicios educativos, tanto en el mediato como en el largo plazo. No obstante, el desarrollo y tasa de crecimiento de la matrícula escolar universitaria ha sido vista como logro y como problema: como logro, porque significa el éxito de la política educativa estatal, es decir, la extensión de la educación superior; y, como problema, porque la oferta educacional seguirá siendo deficitaria durante los próximos quince a veinte años, si se mantienen las tendencias actuales. Claramente, el reto del Estado mexicano seguirá siendo la cobertura educativa en el nivel superior. A trabajar.