ESTA CLARO, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, tienen a su cargo, dentro de sus funciones asignadas legalmente, la prevención de los delitos y por lo tanto, su objetivo es vigilar, mantener el orden y aprehender, porque no, a los ciudadanos que en determinado momento, violen las leyes que nos rigen, pero estas ultimas acciones deben ser puestas, inmediatamente, en conocimiento del Ministerio Público, o Fiscalía del Estado, para que con base en sus propias funciones, investigue los hechos y ponga a disposición del Juez correspondiente a quien haya cometido un delito.
Pero en el caso de la Policía Ministerial, tiene por objetivo, investigar los delitos que se hayan cometido, perseguir a los delincuentes y ponerlos a disposición del Ministerio Público, para que éste haga lo mismo con el juez que deba librar la orden de aprehensión y continuar con el proceso de una persona que haya cometido un delito.
Es decir, la policía que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, es preventiva, mientras que la Policía Ministerial, es ejecutiva, investigadora y persecutora de los delincuentes.
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De ahí que la Policía Ministerial, en cuestión, no tenía facultades para detener a un fotógrafo de prensa, por el supuesto hecho de haber invadido la zona acordonada en un incendio, para hacer su trabajo informativo, pues en todo caso se trataba de una acción preventiva, donde no cabía la detención, sino una advertencia de que podría sufrir algún accidente por el incendio que en ese momento se producía. Es más, en aras de cumplir con el mantenimiento de una sociedad debidamente informada, recibir el apoyo de los elementos policiacos para realizar su labor, pues en este asunto de informar todos estamos involucrados, ya que se trata de los gobernados y no de seres extraños.
Esto se cataloga como un verdadero abuso de autoridad, donde los policías, hacen quedar mal al Fiscal General del Estado, así como a la política de respeto a los medios que tanto ha difundido el Gobernador del Estado.
Estas acciones pueden tener diversos nombres, como ataque a los medios de comunicación y en términos generales a la libertad de expresión.
Esto parece ser, hasta ahora, una reiterada misión de presionar a los medios, de evitar que hagan su trabajo y en términos generales, de hostigarlos para que no cumplan con la misión que tienen encargada.
El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, es un hombre preparado en materia de derecho, sabe perfectamente bien cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo y procurar que la ciudadanía este debidamente informada, pero al mismo tiempo, segura en cualquier lugar que se encuentre.
De ahí que surjan las dudas respecto a las acciones de la policía, que en determinado momento, es dirigida por el propio mandatario estatal, a través del Fiscal General del Estado, pues es responsabilidad directa del Estado, garantizar la seguridad de los ciudadanos veracruzanos y que éstos no se vean afectados por acciones que pudieran considerarse ilegales, independientemente de generar dudas sobre la falta de respeto al gremio periodístico y en general de todos los gobernados.
Así pues, la detención del fotógrafo David Bello, en pleno ejercicio de su labor informativa, porque no hay, hasta este momento, otra razón que pudiera considerarse delito y ser tratado, efectivamente, como delincuente, es arbitraria y fuera de todo contexto de criterio policiaco, salvo que, se pueda probar que además de tomar fotografías, cometió un delito por el cual pudiera ser perseguido y aprehendido.
La noticia de esta detención corrió, sin duda alguna, como reguero de pólvora, por todos los rincones del Estado, del país y del mundo entero, a través de las moderas formas de comunicación, que una vez más, han hecho lo suyo y han difundido estas acciones del gobierno veracruzano, en contra de los medios de comunicación, a quien se les sigue persiguiendo constantemente y atacando por el solo hecho de ser puentes de comunicación con la sociedad veracruzana.
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HOY CONCLUYEN, de alguna manera, las campañas políticas.
Algunos, lo han dicho todo. Lo han propuesto y hasta, porque no decirlo, lo han prometido.
Han salido a relucir los programas y proyectos políticos que tiene cada uno de los contendientes por las alcaldías del Estado.
Viene, pues, el la otra parte del proceso electoral, quizá, la más importante del mismo, porque se trata de la elección, mediante la cual, los ciudadanos habrán de contratar a los próximos Presidentes Municipales, así como a los integrantes de las comunas que administraran y gobernaran al Municipio que corresponda.
Cesaran las acciones proselitistas directas e indirectas de los candidatos, entrando, por así decirlo, en una etapa de silencio político, para dar oportunidad a que los ciudadanos reflexionen sobre la emisión del voto, lo que se hará a partir de las ocho de la mañana del próximo domingo, hora en que se habrán de instalas las casillas receptoras del sufragio en toda la entidad, culminando su labor hasta las seis de la tarde o después de esta hora, si hay ciudadanos formados para cumplir con su obligación y ejercicio de su derecho constitucional.
Por lo tanto, a partir de este día, después de las doce de la noche, ya no habrá promociones políticas y solo quedará, si el presupuesto se lo permite, el llamado del OPLE, para que los ciudadanos salgan a votar.
Los medios de comunicación también tienen la obligación de callar, respecto al proselitismo político, quedando, de la misma manera, todo lo relacionado con las funciones de informar sobre el avance del proceso, así como el análisis prudente de la jornada electoral.
Veracruz, cumplirá, de esta manera, con la responsabilidad de elegir a sus futuros alcaldes que tendrán a su cargo la administración municipal por un periodo de tres años, tiempo en el cual, deberán desahogar compromisos y promesas con la sociedad, que hasta ahora, todavía escucha sus propuestas.
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EN COMUNICADO RECIENTE, el PRI, fija su posicionamiento respecto de las acciones preelectorales que se han llevado a cabo en municipios como Veracruz.
Dice el tricolor que reprocha el uso de la fuerza pública en contra de su militancia, que fue agredida ayer en las instalaciones de la Autoridad Electoral en el municipio de Veracruz.
Contundente, el PRI, reafirma que las actuaciones del OPLE, han generado un proceso electoral inequitativo, en perjuicio del Candidato tricolor Fidel Kuri Grajales. Como ejemplo de ello, es el hecho de prohibirle indebidamente realizar su campaña, o bien la decisión ilegal de reimprimir las boletas electorales, con lo que establece que no hay piso parejo para todos.
El PRI, dice ser promotor de la reforma electoral y del fortalecimiento de la democracia en nuestro país, por lo que hace un llamado para que los consejeros electorales se apeguen a los principios de imparcialidad y legalidad que están obligados a observar.
Pero el PRI pide, además, que sea el Instituto Nacional Electoral, que atraiga la elección de este Ayuntamiento, ante la intromisión evidente del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para que se garanticen los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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