Hay que recordar que, tras la detención de Duarte el 15 de abril pasado, el gobierno guatemalteco notificó nueve días después a las autoridades mexicanas que contaban con 60 días para solicitar formalmente la extradición de quien estuvo fugitivo por más tiempo que Joaquín El Chapo Guzmán; caso contrario, lo dejará en libertad al cumplirse el plazo.
La PGR informó que solicitaría al exgobernador de Veracruz para procesarlo ante autoridades mexicanas para responder por las acusaciones de corrupción durante su sexenio, sin embargo, es la fecha que aún no ha efectuado el trámite.
Autoridades de México deberán entregar la petición de extradición en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Embajada en Guatemala, misma que la remitirá a la Corte Suprema de Justicia de ese país, y posteriormente se canalizará al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, órgano que lleva el caso de Duarte.
¿Colusión, complicidad o temor a ser descubiertos?
Desde que le fue permitida su huida, una vez que pidió licencia para separarse del cargo el 16 de octubre pasado y dejar en su sitio al también gobernador bajo juicio Flavino Ríos Alvarado, la opinión pública nacional aventuró la hipótesis de que era protegido del presidente Enrique Peña Nieto, bajo la sospecha de que contaba con información sensible sobre el destino de buena parte de los montos desviados del erario veracruzano para la campaña presidencial y para apoyo del PRI en subsecuentes procesos electorales.
Incluso cuando se supo de su detención, en que habrían participado supuestamente las autoridades de justicia de México, y una vez que se bañó en la salsa de justiciero el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, echando sobre su quijotesca figura todo el mérito de la detención (pese a que los delitos que la permitieron habían sido interpuestos por el gobierno federal), el país se vio colmado por el sospechosismo.
Lo primero que se dijo fue que había sido una necesidad política para lavarle el rostro al PRI mexiquense de las graves (y, hasta donde sabemos, fundadas) acusaciones de corrupción a escalas inimaginables, tanto del gobierno federal como del estatal e, incluso, del candidato priista Alfredo del Mazo Maza, a su paso por Banobras. Era necesaria, se escribió en su momento, una acción de este calibre para aparentar una vocación anticorrupción.
Sin embargo, también se dijo que, una vez cumplida la jornada electoral del próximo 4 de junio, el gobierno federal dejaría que el fuego de la hoguera justiciera, preparada para quemar en leña verde a quien dejó sin calzones a Veracruz, se extinguiera lenta pero inexorablemente, pasando a otra cosa, mariposa.
Si la PGR no actúa de inmediato, si la visita de Peña Nieto se posterga indefinidamente, si la solicitud de extradición no llega a tiempo o llega sin la contundencia de un buen expediente, habremos corroborado que la justicia no existe y que la impunidad es el sello de todos los gobiernos del país, desde el federal hasta los municipales, pasando por los gobiernos de la entidades federativas, entre ellas, Veracruz, por supuesto.
Urge que Peña Nieto cumpla con asegurar el Estado de Derecho, que Javier Duarte de Ochoa sea sometido al imperio de la justicia y que la impunidad deje de ser el destino manifiesto de los mexicanos. | 
