SEGÚN se tiene entendido, en Veracruz, existen, por lo menos, ciento cincuenta personas detenidas por haber cometido el delito de ultrajes a la autoridad. Todos, también se dice, son acusados bajo la palabra de la propia policía, que en todo caso, son los que reciben los insultos o sencillamente, recibieron una mirada de odio o de reproche que para el caso es lo mismo.

Cierto es lo que dice el Presidente, de que los insultos o las miradas feas, no constituyen elementos suficientes como para considerar que se comete el delito de ultrajes a la autoridad. Sin embargo, ¿quién garantiza que cualquier acción de los ciudadanos, no sea tomada como un ultraje, sabiendo de antemano que a estos servidores públicos, no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa?

Es fácil, desde una tribuna, establecer lineamientos y hasta asegurar que ningún ciudadano puede ser maltratado, pero en la realidad, las cosas son diferentes. En Veracruz, se tiene miedo y esa condición es la constante cuando se tiene necesidad de circular por la calles, más si se hace a altas horas de la noche, como si para la autoridad, existiera una especie de toque de queda. La policía se muestra sedienta de persecución y la toma contra quien le parezca más fácil, no siendo, desde luego, los delincuentes, a quienes, de plano, les corren. Su labor consiste en detener a las personas, sin importar su condición de salud o de edad, pues incluso, son los jóvenes a quienes prefieren más, porque los someten con mayor facilidad y los remiten a los centros de internamiento, como sucede en Xalapa, donde el cuartel de San José, se ha convertido en el centro de violación constante de los derechos humanos.

Los insultos o quizá hasta una mentada de madre, no sean actos suficientes como para considerar que se comete un delito de ultrajes a la autoridad, pero quién, se insiste, garantiza que esto es verdad, que se respeta y que se hace una verdadera evaluación para determinar que no existen elementos para castigar a una persona por el solo hecho de defenderse a su manera o de ver a los servidores públicos, como es el caso de los policías, de manera inconveniente.

Si el Presidente de la República, considera que en Veracruz, no hay capacidad como para cometer injusticias y pondera las virtudes de quien manda en el gobierno, pues es su mera percepción, porque en la realidad, las cosas no coinciden con sus propios datos.

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LA SOLICITUD DE LICENCIA.

EL PRESIDENTE DE LA República, Andrés Manuel López Obrador, no lo dice, ni se cree que sea capaz de externarlo públicamente, pero hay indicios de que por segunda ocasión se está pensando seriamente en ordenarle al Gobernador del Estado, que pida licencia al congreso local, para poder separarse de su cargo e incorporarse, como tantas veces se ha dicho, a las actividades del gobierno federal, es decir, donde el mismo mandatario nacional, lo considere pertinente.

La defensa que normalmente viene haciendo de su pupilo en Veracruz, tiene sus límites y se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que haya una solución inmediata, sobre todo, por el interés que el mismo Presidente, ha mostrado siempre por Veracruz, en el plano electoral.

La solicitud de licencia, tendría que ser una orden de Palacio Nacional, porque de plena voluntad, el Gobernador de Veracruz, no lo intentaría, además de que la oposición tampoco presionaría sabiendo de antemano que no tiene la mayoría ni tampoco la capacidad como para determinar una situación política de esta naturaleza.

Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, por lo que la salida del Gobernador, tiene que ser dictada precisamente por el mismo mandatario y acatada directamente por quienes integran la mayoría en el congreso. De esa manera, el Presidente, establecería un buen precedente y quedaría Veracruz, prácticamente en sus manos, tal y como pudo haber sucedido en aquella ocasión, luego de cumplir dos años en el gobierno y cuando la propia sociedad presionaba para que Cuitláhuac García Jiménez, fuera sustituido.

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NO HABRÁ DESAPARICIÓN DE PODERES.

AUNQUE LO HAYAN mencionado dos importantes protagonistas de la vida pública del país, como es el caso de los senadores de la república, Dante Delgado Rannauro, y Ricardo Monreal Ávila, integrando, incluso, una comisión para investigar los hechos en la entidad veracruzana, no hay elementos suficientes para establecer la desaparición de poderes, además de que por más que se opongan al Presidente, no se llevaría a cabo, precisamente, porque el mismo mandatario nacional, no le convendría un escándalo de esta naturaleza, estando cerca, prácticamente, de las elecciones presidenciales y gubernamentales, también.

De ahí que es más posible la negociación, a fin de que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, sea conminado a pedir licencia y salvar la situación delicada que pretenden imponer los Senadores de la república.

Y es que la estrategia política consiste en eso, precisamente, pedir lo más grave y difícil, para poder conseguir lo que se quiere, primero, poner en libertad al cercano funcionario de Monreal, luego insistir en desaparecer, eso sí, el delito de ultrajes a la autoridad, porque de alguna manera, también se tiene que ver beneficiada la sociedad veracruzana, quedando a salvo el gobierno federal.

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