A una semana de realizados los comicios para elegir Gobernadores en 6 estados de la República, con el resultado que ya todos conocemos, donde la oposición integrada en la Alianza “Va por México” por los partidos PAN, PRI y PRD, obtuvo apenas 2 de los 6 estados en disputa, es de observar cómo nadie es capaz de asumir el resultado de los procesos electorales como una derrota para su causa, pero también como los analistas y comentaristas políticos argumentan con amarillismo y sensacionalismo: “¡¡Contundente victoria del partido oficial!!” ; “¡¡Aplastante derrota de la oposición !!” o    “Un 4-2 es un marcador favorable para el que tiene 4 aquí y en China”; mientras que otros, los abstencionistas y/o los analistas serios y apartidistas bien podrían argumentar que ”los que ganamos fuimos nosotros, los abstencionistas” pues nadie puede negar que el porcentaje de ciudadanos que no fueron a votar, haciendo un promedio de las 6 elecciones, fue superior al 52%, y eso es irrebatible.

Así las cosas podríamos concluir que a todos les podría asistir la razón pues en todos los casos existen factores atenuantes o determinantes como podrían ser: el número de votos obtenidos por cada uno si sumamos los recibidos en los 6 estados en disputa, los que aunados a los obtenidos en 2021 en los 26 estados restantes, podrían definir el resultado de la elección Presidencial de 2024, además de otro factor como sería el número de ciudadanos que después de este ejercicio estarían siendo gobernados por cada fuerza política, asi como los incidentes graves de intromisión del Crimen organizado que bien podrían llevar a anular la elección, particularmente en el caso de Tamaulipas, y por último la visión que se tenga sobre lo que representa el abstencionismo, ya sea que este fenómeno signifique una muestra de conformidad con el status quo o si, por el contrario, representa un rechazo y desconfianza contra el régimen o si esa desconfianza se manifiesta contra los órganos electorales.

Veamos, en los tiempos del partido hegemónico, los que ahora pretenden hacer volver con MORENA, los dirigentes del PRI justificaban el abstencionismo como una señal de que los electores estaban conformes con la forma de gobernar de ese partido y por ello lo dejaban pasar siempre sin confrontarlo nunca, como habría representado el hecho de que le votaran en contra, es decir, para ellos una abstención representaba un voto de confianza hacia el régimen, no porque les diera la oportunidad de hacer fraude rellenando las urnas, lo cual es un mito no comprobado pues no tenía ningún sentido dado que siempre se ganaba limpiamente, sino porque de acuerdo con la Ley vigente que no exige un porcentaje alto de votación para que la elección sea válida, ni se ha reglamentado la obligatoriedad de los ciudadanos de ejercer el sufragio consignada en la Constitución y donde mucho menos existe la Segunda Vuelta Electoral;  la única forma de ganarle al partido oficial es que se de una votación masiva en su contra, tal como empezó a suceder en el país a partir de 1988 y luego se confirmó en 1997 con la aparición del IFE, que le quitó a la Secretaría de Gobernación la función electoral, dando como resultado la primera alternancia en la presidencia en el año 2000, después de 70 años de gobiernos del PRI.

Es por ello que los viejos priistas, ahora en MORENA (el verdadero nuevo PRI), pugnan por inhibir el voto, por destruir la Alianza opositora y por incentivar el abstencionismo pues argumentando, como antes y como siempre han hecho, que abstención equivale a “confianza en el régimen”, podrán mantener a salvo los privilegios que les da el seguir apegados al poder presidencial alabando y adulando a AMLO, su nuevo amo.  

Así, siendo tan difícil o imposible conocer a ciencia cierta cuál es el mensaje del abstencionista en cada elección y por lo tanto que no podamos conocer el grado de conformidad o inconformidad real de la gente en relación con la forma de gobernar del régimen, es de preguntarnos si la verdadera Reforma Electoral que necesita el país no es aquella que destruya a los órganos electorales y le devuelva la función electoral al gobierno como la que propone el régimen de la 4T, sino la que instaure los mecanismos necesarios para hacer realidad el mandato constitucional de obligatoriedad del sufragio, imponiendo las sanciones adecuadas y proporcionales a aquellos que, sin justificación alguna, no acudan a cumplir con el deber ciudadano de sufragar en todas las elecciones, tal como sucede con quienes se sustraen de la obligación de contribuir con el gobierno de la nación al no pagar sus impuestos. Parece drástico pero sería una forma de inhibir la compra de votos, el acarreo indiscriminado y las amenazas para hacer a los ciudadanos votar por un determinado partido pues garantizando además, como es hasta hoy, la secrecía de voto, no habría motivo ni forma de que te amenacen para hacerlo por determinada opción.