Cuando aún no existía el IFE y las elecciones eran organizadas desde la Secretaría de Gobernación, instalando lo que se Conocía como Comisión Federal Electoral, cada vez que se iniciaba el periodo electoral Federal, ya sea para las elecciones Presidenciales o para las intermedias, órgano electoral que le correspondías presidir al Secretario de Gobernación, práctica ésta que ocasionaba las constantes quejas, reclamos  y señalamientos de parcialidad de parte  de las fuerzas opositoras, en ese entonces del PAN y del Partido comunista, el que, en principio actuaba en la clandestinidad pero que poco a poco se fue incorporando a la vida democrática nacional, con las paulatinas Reformas que se impulsaron por la presión ejercida desde la izquierda mexicana, como fue la de 1977, atribuida al genio de Don Jesús Reyes Heróles, que dio apertura a la llegada de las fuerzas políticas, antes proscritas, al Congreso de la Unión por la vía de la Representación Proporcional, cuyo antecedente fueron los Diputados de Partido. Y así con cada elección se fue modernizando el marco jurídico electoral, en un paulatino avance democrático que vino aceptando las demandas de la oposición de ese entonces, el PSUM, el PT y el mismo PAN, ya que temas como el financiamiento a los partidos y a los candidatos, así como la fiscalización de los recursos usados por estos fueron objeto de sendas Reformas que a la postre derivaron en la creación del Instituto Federal Electoral, quitándole a la Secretaría de Gobernación la facultad de organizar las elecciones, dando lugar a que en el año de 1997 por primera vez en la historia posrevolucionaria del país, el PRI perdiera la mayoría en la cámara de Diputados, y posteriormente en el año 2000, perdió, también por primera vez, la Presidencia de la República a manos del PAN de Vicente Fox.

Es de recordar que todas estas Reformas se vinieron dando a propuesta y por presiones realizadas desde los grupos de izquierda que en ese entonces militaban en el PRD, entre otros, el encabezado, por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo y por AMLO, los que hacia el 2006 y 2012 presionaron de tal manera (recordemos la Toma de Reforma) que lograron incorporar a la propia Constitución conceptos tan avanzados como la penalización de los Actos anticipados de precampaña y de Campaña, amen de la creación de la FEPADE y del Tribunal Electoral del PJF, al que como máximo órgano de decisión en la materia lo dotaron de la facultad de emitir sentencias inapelables, sobre las cuales no existe la posibilidad de ejercer el recurso de Amparo.

De igual forma se ahondó en la fiscalización de los recursos de las campañas y en el impedimento a los Servidores Públicos para participar en las mismas, ya sea como aspirantes a un cargo o como figuras de apoyo de aspirantes, precandidatos y candidatos, incluyendo la exigencia de que un Servidor Público para ser candidato debería separarse antes del cargo, al respecto la Ley contempla los términos, por lo que en el último párrafo del 134 Constitucional quedó asentada también la modalidad puramente informativa de la propaganda gubernamental y la prohibición de que cualquier anuncio, spot, comunicado, convocatoria o informe contenga el nombre de servidor público alguno, y la prohibición también de que los logros del gobierno puedan difundirse asociados al Servidor Público “que los realizó” mucho menos en tiempos de campañas, tiempos que están plenamente definidos en la Ley, donde se contempla en qué momento se puede hacer campaña y en cual se debe guardar estricto silencio; todo esto solo contempla una excepción y es la que puede realizarse con motivo de los Informes de Gobierno, donde puede ponerse el nombre del gobernante en la publicidad que se haga sobre el evento del Infirme durante 7 días previos a la realización de este y 5 días después; en el resto del tiempo está vedado para un Servidor Público auto - promoverse o difundir su imagen ensalzándola.

Hecha la anterior consideración y en la seguridad de que todos estos ajustes y Reformas a la normativa electoral surgieron a propuesta y por presión de la autollamada izquierda mexicana, particularmente de AMLO y de todos aquellos que hoy conforman MORENA, es incomprensible verlos ahora violando día a día todos los preceptos que ellos mismos insistieron en convertir en Ley, realizando en Toluca sendos Actos anticipados de promoción, no de uno sino de tres Servidores Públicos en funciones, y azuzando a la oposición a caer en el error de destapar anticipadamente sus cartas para luego, haciendo gala de su característica hipocresía, reclamarles que están haciéndolo fuera de los tiempos que la Ley les permite y así ante sus “cacayatas” como: “la oposición no tiene gallos”, “estos son los nuestros” violan primero la Ley que ellos mismos en su momento propusieron, para luego, si la autoridad electoral les aplica una advertencia o sanción, hacerse los mártires alegando que el órgano electoral actúa con favoritismo y antidemocráticamente y por ello “debe desaparecer”

Por todo lo anterior es de reconocer la prudencia de la oposición que, no obstante contar con cuadros tan distinguidos y posicionados como De la Madrid o Lily Téllez, está tomándose el tiempo necesario para decidir, en principio, si es de mantener vigente la Alianza “Va por México” para luego, decidir en consecuencia, el método de selección de sus candidatos, en el entendido de que antes de la Presidencial de 2024, primero hay que pasar la aduana del 2023 con las elecciones de gobernadores en Coahuila y EDOMEX.