Lo curioso es que, al parecer, las múltiples explicaciones que año con año ofrecen altos funcionarios del Órgano de Fiscalización estatal (ORFIS) o diputados de la Legislatura Estatal con respecto a los procedimientos legales en la Revisión de las Cuentas Públicas, no son suficientes para evitar la propagación de juicios sumarios en contra de quienes en la mayoría de los casos ni la deben, ni mucho menos se la comieron.
El la fiscalización de los recursos públicos existen una serie de pasos y procesos de investigación legales que se deben de cumplir para enviar a tal o cual servidor público a la cárcel. La entrega al Congreso por parte del ORFIS es apenas el primer paso, resultado del análisis de las auditorias y revisiones aleatorias que año con año se realizan a los llamados puntos neurálgicos de la administración ‘mapas de riesgos’. Hasta hoy, el ente fiscalizador agotó apenas en una primera instancia, el primer proceso de solventación administrativa, pero nada es definitivo.
Es decir, se agotó ahí apenas el primer intento aclaratorio.
Lo que se vive hoy en Veracruz, es eso, el primer paso de la Revisión de la Cuenta Pública 2021.
Lo que sigue está en manos de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, no hay que olvidar que el ORFIS es apenas el brazo técnico del Congreso, es por decirlo así la oficina de los diputados para investigar el uso correcto de los recursos públicos.
En su cancha, la Comisión de Vigilancia, tiene la responsabilidad de analizar la gravedad de lo que el ORFIS haya señalado como posibles faltas administrativas, presuntos daños patrimoniales o inconsistencias técnicas, para hasta después, llevar el dictamen correspondiente al pleno de la Cámara para su aprobación o rechazo, lo que sucederá por ahí del 30 de octubre próximo.
Incluso después de ello, aún habrá tiempo para continuar las investigaciones y la solventación, pues hay casos en los cuales se requerirá de información oficial y dictámenes técnicos de no fácil ejecución. Pero para todo hay tiempo.
Es decir, por el momento de lo único que se puede hablar es de presuntos, no de culpables. Incluso algún servidor público estaría en su legítimo derecho de demandar por daño moral a quienes le difamen injustamente.
En el caso actual de la Cuenta 2021, las observaciones no solventadas en la mayoría de alcaldes y alcaldesas tuvo mucho que ver con el cambio de administración municipal. Ya que la mayoría de alcaldes y alcaldesas entrantes, se negaron a validar la información que muchos de sus antecesores debían presentar como pruebas en el proceso de solventación de observaciones. El temor, la ignorancia, la mala fe quizá, pero principalmente, el cambio de partidos políticos en la administración, hizo difícil llevar la fiesta en paz.
El caso de la exalcaldesa de Tamiahua y actual diputada Citlali Medellín, es una muestra. A ella, la actual administración se negó a sellarle la información oficial que requería para solventar observaciones de la Cuenta Pública 2021.
El ORFIS y su titular Delia Cobos González, nada pudieron hacer en este caso ya que legalmente se carece de facultades legales para hacerlo.
Pero en el proceso y etapa posterior a lo que decida el Pleno del Congreso el ORFIS contará con mecanismos de apremio, incluso para obligar, sancionar a los servidores públicos que se nieguen o resistan a sellar la documentación que les sea requerida por los exservidores públicos municipales.
Así que, como dice el refrán: ‘No te calientes garnacha que la manteca está fría.
Amarren sus lenguas.
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