Sin el menor rubor, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, miente cuando asegura que los jueces no se subordinan a las órdenes que se emiten desde el Palacio de Justicia.
Miente la magistrada, con la seguridad que le da la amenaza que se cierne sobre cualquier juzgador que se atreva a exhibirla. La campaña contra la juez Angélica Sánchez no tiene como móvil un interés personal: se trata simplemente del mejor ejemplo para todo aquel que pretenda rebelarse.
Un poco tarde -pues esperó a que el gobernador Cuitláhuac García, su jefe, diera su respuesta- la titular del Poder Judicial del Estado hizo referencia a la carta que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, envió al gobierno de México por el caso de la juez veracruzana Angélica Sánchez.
Lisbeth Aurelia Jiménez jura que los jueces de Veracruz no obedecen a alguna línea del gobernador Cuitláhuac García o de otra autoridad.
“Una cosa es la coordinación y otra la subordinación; tenemos que estar muy claros en ese tema, los jueces resuelven conforme a derecho, tan es así que autos, sentencias, se revisan, se confirman, se modifican en el amparo; al final el juez resuelve conforme a lo que está sucediendo en una audiencia y se desahoga en un juzgado; es aventurado decir que le damos línea o puntos para resolver”.
En efecto, los jueces no atienden a instrucciones directas del gobernador. Es más: ni siquiera son órdenes que emita la propia de la magistrada presidente. Para eso Aurelia Jiménez ocupa a sus dos colaboradores más cercanos: David Cardeña Ortega, su secretario particular, y Víctor Pliego López, secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, el mismo que “le puso un cuatro” a la juez Angélica Sánchez, al citarla en su oficina para que pudiera ser detenida por elementos de la policía estatal.
El primero transmite las órdenes y el segundo las ejecuta.
Lo que resulta extraño es el origen de estos dos oscuros personajes. Ambos pasaron por la Fiscalía General del Estado (FGE) y no dejaron la mejor impresión en su desempeño.
David Cardeña estaba adscrito a la UECS (Unidad Especializada en Combate al Secuestro) y, a decir de varios jueces, sus capacidades en materia jurídica eran bastante limitadas, al grado de que muchas veces tuvieron que “echarle la mano” para que no se le cayeran algunos casos.
Víctor Pliego López es de un poco más atrás. Trabajaba con un personaje muy cercano al entonces fiscal general, Jorge Winckler, de quien recibía “línea” en casos que generaban especial interés en Palacio de Gobierno.
Los jueces de control en Veracruz son jueces de consigna. Tienen como instrucción dar respuesta afirmativa a las peticiones de los fiscales y, en caso de detectar errores en la integración de las carpetas, ayudarlos en su corrección.
La medida cautelar de prisión preventiva (antes oficiosa, ahora justificada) es obligada en todos los casos en los que así lo solicite la Fiscalía y, en caso de que un amparo los obligue a reponer el procedimiento, están obligados a consultar con la magistrada presidente el sentido de su nueva resolución.
Desde que, en su discurso de toma de posesión, la magistrada presidente habló de “continuar con la base de la cuarta transformación”, quedó claro que su nombramiento obedeció a intereses políticos, y no a la búsqueda de mejorar la impartición de justicia en Veracruz.
Hoy los veracruzanos padecemos las consecuencias.
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Epílogo.
Son muchos los ayuntamientos (no sólo en Veracruz, sino en diversos puntos del país) que fueron defraudados por la empresa NL Technologies, la que ofrecía atractivos ahorros en materia de energía eléctrica, si le contrataban para la administración del servicio de alumbrado público. *** La promesa era la instalación de luminarias “de última generación” y todo el mantenimiento que se requiriera, a cambio de una contraprestación que -prometían sus promotores- era mucho menor a lo que se gastaban las administraciones municipales en consumo de energía eléctrica. *** En realidad muchos alcaldes se sumaron a esta propuesta (que tenía que pasar por el Congreso local, pues requería la aprobación de la Asociación Pública Privada) porque recibieron beneficios en metálico para sus bolsillos, y les dejaron a sus sucesores la tarea de luchar en tribunales contra convenios leoninos. *** Este martes, en Saltillo, Coahuila, fue detenido el propietario de esa empresa, Carlos Manuel Knight Crespo. Tan sólo en el estado de Veracruz lo acusan de defraudar a unos 15 ayuntamientos. *** En las carpetas de investigación iniciadas en su contra, aparecen nombres como el de Miguel Ángel Yunes Linares y el de Julen Rementería del Puerto. Ya habrá oportunidad de que esos dos personajes aclaren cuál fue su papel en ese enredo.
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