Quienes elaboraron el proyecto de decreto que sustentó la ocurrencia presidencial no se pararon en mientes de pensar que la ley es la ley o que para plantear alguna reforma primero hay que pensar en las consecuencias de su aplicación.
El año entrante, habrá elecciones en México para nombrar a todos los juzgadores del Poder Judicial. Se dice fácil, pero el proceso será muy costoso, muy complicado, poco claro, nada participativo y poco convincente.
Es cierto que los morenistas gritarán a los cuatro vientos y en todas las tribunas de que disponen porque son gobierno y mayoría en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas y en muchas legislaturas estatales, que el proceso fue el más democrático del mundo, y que con eso se acabará la corrupción en el Poder Judicial y la Justicia será una realidad para los pobres, que son primero.
Pero para elegir a los jueces los ciudadanos tendrán que ir a las urnas en una votación inédita. El INE apenas está viendo cómo le va a hacer con este proceso novísimo. Y los poderosos del Gobierno de la 4T (el actual o el que seguirá, que es lo mismo) buscarán la manera de que salgan elegidos los que ellos seleccionaron, para poder manejarlos a placer y otorgarle así el poder omnímodo a la Presidencia de la República.
Las elecciones de los jueces serán carísimas, y la gente del nuevo Gobierno se pregunta de dónde sacará los recursos necesarios, con la administración en ruinas que le entrega el Peje a Claudia.
Ése es el primer obstáculo, pero hay otros, y los revisaremos mañana, si sus mercedes atienden.
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